La semana pasada denunciamos que 46 residencias escolares de Guaviare, donde estudian cerca de 4.000 niños y niñas, no cuentan con el servicio de alimentación escolar. Sin alimentos, las familias no envían a sus hijos e hijas a estos establecimientos, que fueron diseñados como una estrategia para cubrir a la población de lugares geográficos apartados, especialmente comunidades indígenas y campesinas.
Esta situación nos parece de la mayor gravedad porque afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poniendo en riesgo su año académico, pues la deserción escolar aumenta, los niños pueden optar por vincularse a un trabajo y abandonar la escuela, lo cual también los hace vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados.
Al respecto conocimos que la semana pasada, la Secretaría de Educación departamental logró que el OCAD Llanos aprobara un proyecto que esa entidad había presentado meses atrás por $12.400 millones de pesos. Esto quiere decir que la Gobernación de Guaviare dispone ahora de los recursos para contratar a una empresa operadora que suministre los alimentos para los “internados”. A su vez, el Ministerio de Educación ofreció a la Gobernación de Guaviare complementar el programa PAE a través de un plan de contingencia para brindar refrigerio y almuerzo caliente, con el fin de garantizar la terminación del año académico.
Sin embargo, preocupa el tiempo que toma una licitación pública, que puede ser de hasta más de dos meses. Esto haría que la disponibilidad de alimentos en los establecimientos educativos se concrete hasta mitad de octubre. Es decir, que el servicio de alimentación para los niños completaría cerca de 4 meses sin ofrecerse. Esto sin duda afecta el año académico y aumenta los riesgos para la niñez que, según la Constitución y tratados internacionales, tiene preeminencia de derechos.
Por esta razón, la Secretaría de Educación departamental, previa Mesa de Trabajo con la Procuraduría General regional Guaviare y el Ministerio de Educación, debería contemplar la “emergencia educativa” y garantizar la prestación del servicio de alimentación en las residencias escolares a la mayor brevedad, con el ánimo de salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes en esta zona del país, teniendo en cuenta que su educación está en riesgo y su vulnerabilidad aumenta, así como lo ha expresado recientemente la Representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia .
San José del Guaviare, agosto 10 de 2023.
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