CAMBIO DE RETÓRICA O UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ

Resumen

Una nueva estrategia sobre drogas ha sido anunciada desde la Casa Blanca. Ella se inscribe en el marco de nuevos planteamientos de la administración Biden, se nutre de algunas recomendaciones de la Comisión Hemisférica de Drogas del Congreso de Estados Unidos y de una cumbre entre equipos de los dos países. El anuncio se da en medio de una coyuntura en la que la captura de alias “Otoniel” revive la discusión sobre la eficacia de la política contra el narcotráfico en Colombia. ¿Qué contiene la nueva estrategia? Aquí lo citamos. Qué puede ser novedoso para nuestro país desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil, y qué elementos de continuidad encontramos. Finalmente nos detenemos en unos aspectos que merecen una reflexión mayor si de construir una nueva estrategia se trata. Viso Mutop ha estado involucrada en reuniones y debates al respecto. Por último nos atrevemos a dar unas sugerencias que podrían ser útiles para un nuevo gobierno colombiano y para un mejor abordaje de la relación entre los dos países, la cual sigue mediada por este tema de forma relevante.

de cultivos al lado de la destrucción de laboratorios, la interdicción, los esfuerzos contra el lavado de dinero y el enjuiciamiento de los narcotraficantes. Es decir, se incluyen las áreas con cultivos de uso ilícito como parte de la guerra contra el narcotráfico, lo que implica incorporar esa parte de la cadena en la condición de actividad criminal por tanto objeto de la fuerza.

En el segundo punto se incluyen estrategias que buscan “un avance sostenible y su consolidación a través de una implementación integral del acuerdo de paz, con una inversión robusta en desarrollo rural, seguridad ciudadana y el acceso a la justicia”. Allí se incluye la protección de líderes comunitarios quienes promueven el respeto a la ley, la reducción de la ’dependencia de la coca’, ampliación de la formalización de la tierra, y cambiar los indicadores para observar los progresos por parte de EEUU y Colombia” .

Finalmente, en cuanto a la protección ambiental, “los EEUU asistirán al gobierno de Colombia en sus esfuerzos para restaurar el bosque tropical, monitorear y contener los crímenes ambientales que alimentan a grupos narcotraficantes que tienen un impacto profundamente negativo en Colombia, especialmente en la región amazónica”. En consecuencia, ambos países están comprometidos en explorar intervenciones adicionales como la eliminación de áreas cultivadas con coca, paraísos para laboratorios de cocaína, y santuarios para grupos armados. En estos esfuerzos se contemplan operaciones de seguridad.

Los esfuerzos de sectores de la sociedad civil

En política de drogas, organizaciones de sociedad civil, colombianas y de EEUU, vienen pidiendo a ese gobierno comprometerse con nuevos enfoques donde se reconozcan los problemas socio económicos, institucionales y políticos.

Algo nuevo: reconocimiento de un problema serio de consumo

El cuerpo principal de la estrategia antidrogas anunciada se refiere extensamente a la crisis desatada por sobredosis de consumo de drogas en los EEUU principalmente de opiáceos sobre todo sintéticos provenientes de países como China y otros no sujetos a certificación anual. Es una muestra del énfasis que la administración Biden ha decidido dentro de EEUU, buscando hacer más por reducir sus propios problemas de consumo. Tal reconocimiento contrasta con el hecho de que la cocaína si bien sigue siendo un problema de salud, no es el principal causante hoy de muertes por sobre dosis ni emergencias hospitalarias en EEUU, punto que debería servir de base para una reformulación de la relación EEUU-Colombia.

Unos aspectos para reflexionar

La nueva estrategia se enmarca en los anuncios que el gobierno Biden ha hecho sobre drogas. Menos cárcel, por ejemplo, y menos persecución racial en la política interna, abriendo espacio a enfoques de salud pública. Claramente la relación con Colombia, en este tema, también tiende a cambios. Aunque la nueva estrategia es modesta, el uso de un nuevo lenguaje es importante. Los funcionarios de la ONDCP pueden estar enfrentando una enorme resistencia dentro de la burocracia de ese país, especialmente de quienes son más amigos de la mano dura y el enfoque policivo en materia de drogas.

Sería relevante que se atendiera la recomendación de la Comisión Bipartidista del Congreso -citada antes- para que la ONDCP oriente técnicamente y las demás agencias se encarguen de implementar. Aun así, existen en el texto aspectos de política que pueden ser problemáticos. En primer lugar, el lanzamiento de la nueva estrategia sobre drogas debería estar sustentado en un balance claro sobre las fallas de los abordajes anteriores, como por ejemplo las consecuencias colaterales del Plan Colombia y sus implicaciones en democracia, derechos humanos y medio ambiente. Tampoco se parte de aceptar el fracaso evidente de una relación en la que EEUU presionó por resultados basados únicamente en la medición de hectáreas cultivadas, mientras por otro lado la oferta de cocaína sigue al alza a pesar de los costos humanos y económicos que ella ha conllevado.

La nueva estrategia mantiene la política de “reducción de la oferta”, la cual ha sido una constante con pésimos resultados. En términos concretos señala: “Este esfuerzo renovado vincula la erradicación, la destrucción de laboratorios, la interdicción, la reducción de la demanda de drogas, los esfuerzos contra el lavado de dinero y el enjuiciamiento de los narcotraficantes”. Debe recordarse que a través de la sección de narcóticos de la Embajada -la INL- actualmente se apoyan las bases antinarcóticos del país: entrenamientos, pertrechos, mantenimiento de aeronaves, compra de químicos y materiales logísticos para las operaciones de erradicación, lo cual debería recortarse en años venideros, si se quiere poner el acento en desarrollo.

Y la estrategia anunciada debería decir algo al respecto, para no terminar criminalizando otra vez al campesinado como responsable. Igual que ocurre con la minería en donde habría que diferenciar entre la artesanal y la realizada de manera ilegal con fines exclusivos de lucro.

Los Ministerios de Ambiente y Defensa de Colombia, con la Fiscalía, adelantan la operación Artemisa, ampliamente cuestionada por haber puesto el foco en los obreros de la deforestación pero no en los responsables de la dinámica de apropiación de baldíos por estructuras empresariales, institucionales y mafiosas que entroncadas entre sí están devorando los bosques de la Amazonía y el Pacífico, para citar solo dos regiones megadiversas afectadas. La cooperación de EEUU en esta materia debiera apartarse de dicha Operación pues ella contribuye a nuevas conflictividades sociales, no resuelve el cierre de la frontera agrícola ni abre opciones al campesinado que vive en áreas protegidas.

Así las cosas, la construcción de paz que pregona el punto 2 de la estrategia anunciada por la ONDCP puede estrellarse con los otros dos puntos: la reducción de la oferta y la lucha por el medio ambiente, ambos basados en la militarización de las políticas. Si esto es así, a pesar de puntadas esperanzadoras de recambio, la “nueva estrategia” no se diferenciaría sustancialmente de la vieja estrategia de “consolidación territoria” aupada desde la Embajada para la región Macarena hace una década, y sobre la cual hay más penas que glorias sostenibles que mostrar.

Aunque para algunos oficiales el Programa de Consolidación fue una buena idea, dado que les permitió expulsar a las FARC de los Montes de María a finales de la primera década del 2000, redujo los cultivos de coca en el Parque La Macarena y consolidó la presencia militar en los municipios adyacentes a esta área protegida, los resultados no fueron sostenidos en el tiempo; las autoridades civiles se quejaron por la preponderancia de las fuerzas militares, las cuales asumieron tareas del gobierno civil en desmedro de las Alcaldías, detrás de los militares no llegó el resto de las instituciones con las inversiones sociales prometidas, así que el terreno que se había ganado se perdió a los pocos años y las comunidades hoy siguen enfrentando altos niveles de pobreza multidimensional, problemas en el acceso a tierras, carencia de servicios básicos y procesos productivos lícitos en condiciones justas.

algunas ideas que pueden ser útiles en una nueva estrategia que enfatice en seguridad y desarrollo: