Con información del Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo
El Consejo de Estado, emitió una sentencia que protege los derechos de 2.629 familias campesinas del departamento del Guaviare que se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC.
La sentencia responde a una acción de tutela presentada por el Colectivo de Abogados (CAJAR), que denunció los incumplimientos de más de seis años del PNIS por parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, dependiente del Ministerio de Defensa.
Por lo tanto, el Consejo de Estado ordenó a la DSCI reanudar el pago de las ayudas económicas a las 2.328 familias que fueron reconocidas como beneficiarias del PNIS y que no han recibido los recursos correspondientes.
Asimismo, ordenó adelantar el proceso administrativo que corresponde frente a las 295 familias que fueron excluidas y las seis que fueron suspendidas del PNIS, garantizando su derecho a la defensa y a la contradicción.
De ser necesario, la DSCI tendrá que rehacer las actuaciones administrativas que correspondan para cumplirle a estas familias con sus derechos.