El Gobierno Duque busca revivir las aspersiones aéreas con glifosato a pesar de su ineficacia.
De cualquier cosa se puede acusar a Duque pero en materia de drogas su discurso ha sido consistente desde la campaña presidencial. El Presidente, el partido de gobierno y los ministros de defensa han mantenido la misma retórica, desde el inicio de su mandato. Conservador, equivocado y servil a la guerra por el control de los dineros de la droga. Su argumentación está llena de sofismas. Cuando hablan de narcotráfico simplifican esa economía globalizada a la existencia de cultivos de coca en Colombia. Y de forma ramplona indican que su erradicación forzada les permitirá acabar con el narcotráfico. Poco o nada se conoce de acciones contra las elites que se enriquecen con las rentas ilegales que se obtienen de tal cadena de valor, y su “lucha” se reduce a perseguir las agriculturas campesinas que se encuentran fuera de su control.
Siendo candidato, Duque planteó el regreso de las aspersiones aéreas; acusó a Santos de “dejar inundado de coca” al país; y sostuvo que la fumigación era una buena herramienta para resultados rápidos. Recién se instaló en la Casa de Nariño, sus embajadores en la OEA y Washington, corrieron al Departamento de Estado a ofrecer un renovado plan de eliminación de cultivos. Los funcionarios de la Casa Blanca aplaudieron al nuevo gobierno pero dijeron no tener dinero para aportar en esa nueva campaña. Luego de ese traspiés, anunció desde Londres que “todo estaba listo” para poner a volar los aviones. Pero no le ha sido fácil pues los funcionarios olvidaron que tienen requisitos legales que cumplir.
En Marzo de 2019, la Corte Constitucional citó una audiencia en la que su ministro de defensa, para ese entonces Guillermo Botero, no quedó bien parado, ya que al ser interrogado no supo explicar a los magistrados cuánto era el costo de operación de las aeronaves por hectárea asperjada. Allí mismo, Dejusticia dio a conocer que, según la información suministrada por la propia Presidencia, el costo asciende a 72 millones de pesos mientras que el Plan de Atención Inmediata para las familias inscritas en el PNIS era de 36 millones de pesos. La controversia sobre los costos continua todavía pero deja afuera del debate otros elementos que han venido situándose en la controversia nacional por el uso del herbicida en las campañas contra los cultivos.
En Agosto de 2019 se conoció el auto 387 de la Corte Constitucional según el cual se establecieron varias condiciones para el regreso de las aspersiones. Básicamente esa Corporación sostuvo que el Gobierno Duque si puede retomar esa herramienta pero cumpliendo con la adopción de planes de prevención y mitigación en materia ambiental y de salud; atendiendo a la consulta previa en los casos de comunidades étnicas; respetando una secuencia en la cual la sustitución voluntaria de cultivos es la política vigente que prima como opción preferencial para el campesinado y que solo en caso de que ella fracase, luego de ofertarse y ensayarse, es dable el uso de otras técnicas de erradicación, incluso la fumigación.
El Ministerio de Justicia publicó entre Diciembre de 2019 y Enero de 2020, un borrador de decreto que recibió múltiples comentarios y observaciones de parte de congresistas, académicos, organizaciones sociales y ambientalistas. Después de cumplido el periodo de observaciones no se volvió a saber nada de dicho decreto. En el segundo semestre del año anterior, la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional había iniciado también el trámite de una autorización especial de parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para el Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato PECIG. En ese semestre el estudio de impacto ambiental le fue devuelto a aquella entidad por no contar con información idónea del ministerio del interior sobre comunidades étnicas. Pero en Diciembre de ese año se conoció la apertura formal del proceso de licenciamiento buscado por el Gobierno.
Dado que ese trámite se estaba haciendo sin que el país estuviera enterado, las organizaciones Dejusticia, Elementa, Viso Mutop y ATS, iniciaron una petición ante la ANLA para realizar una audiencia pública ambiental en la que comunidades y personas expertas en fumigaciones con glifosato pudieran exponer sus puntos de vista. La ANLA aceptó la realización de tal mecanismo, el cual está contemplado en la Ley 99 de 1993, y en protocolos internos de esa entidad para los trámites de licencias, bien sean éstas pedidas por particulares o por las propias entidades estatales. Pero a finales de Marzo comenzó la cuarentena y con ello se complejizó el panorama de la participación comunitaria. La ANLA decretó hacer audiencias virtuales ante lo cual las organizaciones solicitantes de la audiencia repusieron, sin éxito, aquel acto administrativo, pero el Colectivo de Abogados CAJAR y organizaciones campesinas de Nariño interpusieron tutelas reclamando la violación de varios derechos.
Dos jueces de Pasto decidieron, en primera instancia, proteger los derechos a: 1. la participación reforzada en términos ambientales, concepto sobre el cual existe jurisprudencia de la Corte Constitucional; 2. La información transparente, la cual no se ha facilitado por la ANLA al no divulgar en sus páginas toda la información con sus respectivos anexos técnicos; y 3. Al debido proceso, al negarse en la práctica la participación de calidad con medios virtuales nada idóneos para quienes viven en regiones apartadas que experimentan graves problemas de conectividad. La Agencia citada y Antinarcóticos acudieron, entonces, a una segunda instancia, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Pasto, que ratificó los alcances de lo decidido por los jueces de primera instancia y que adicionó a los derechos vulnerados el de la consulta previa, por pedido de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y CNOA.
Así las cosas, la ANLA tendría que suspender el mecanismo de la audiencia virtual pues claramente ésta riñe con los estándares determinados en varias sentencias sobre ambiente. Aun así, funcionarios de la ANLA, levantaron la suspensión decretada por los jueces y ordenaron celebrar una audiencia semipresencial el pasado 1 de Septiembre. Sin razón y sin éxito, puesto que las organizaciones interesadas interpusieron un incidente de desacato, el cual motivó finalmente a la suspensión de esa audiencia. En este punto se encuentra la discusión jurídica. Habrá que ver el tipo de adecuaciones que haga la ANLA para cumplir el mandato de los jueces de tutela, por un lado, y las presiones del ministerio de Defensa a esa agencia para agilizar el trámite. Aunque dicha controversia parece un galimatías, lo cierto es que, por ahora, no es posible que la lluvia de glifosato sea aplicada en los campos colombianos.
Más recientemente, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, instrumentalizó las dolorosas masacres cometidas en Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, para reclamar de manera perniciosa, la urgencia de las fumigaciones con glifosato. Según su versión del narcotráfico y de la violencia actual, es la falta de fumigaciones la causante de las masacres. El funcionario metió en un mismo costal los terribles hechos de Llano Verde en Cali, Samaniego y Arauca (lugares específicos donde no hay cultivos de coca) con los de El Tambo en Argelia. La narrativa gubernamental hizo así una descarada utilización del dolor nacional por la pérdida de vidas para exponer su afán de fumigar sin dar más argumentos que el número de hectáreas erradicadas por los aviones, el cual es mayor al de la erradicación terrestre.
Este recorrido hace parecer que este debate se limita a una contradicción por los mecanismos de participación a que tienen derecho las comunidades de 104 municipios que serían fumigados. Pero va más allá de esto, ya de por sí muy importante. Si se fumiga dicho herbicida desde el aire, Colombia sería el único país del mundo en hacerlo; el glifosato está siendo cuestionado en tribunales internacionales, incluso por su uso en la agricultura comercial; las empresas que producen tal herbicida, vienen siendo llamadas a juicio y condenadas a pagar millonarias indemnizaciones a los afectados; está a punto de ser prohibido en la Unión Europea, después de haber sido prohibido en Austria, en varias provincias francesas y belgas; fue proscrito de Sri Lanka; México tiene un plan para dejar de usarlo en 2024; y varias provincias de Argentina lo han dejado de usar incluso como matamalezas de uso terrestre.
La discusión pública tampoco puede limitarse al número de hectáreas erradicadas, porque la danza de las cifras se acomoda según los intereses del gobierno de turno y la estadística se hace en función de la Casa Blanca y no en beneficio del país. Los cultivos de coca son apenas un factor en la larga cadena de mercado de la coca para cocaína. Las hectáreas eliminadas después del paso de un avión son reemplazables. La fotografía posterior solo le sirve “por un rato” al burócrata que pretende mostrar resultados cortoplacistas, el que sin pudor esconde su incapacidad esgrimiendo cada cierto tiempo “la necesidad de volver a fumigar”.
Esa retórica solo le sirve a unos actores pero conlleva un enorme daño para las comunidades campesinas, indígenas y afros a quienes se les condenaría a nuevos escenarios de revictimización, asociados al despojo y el desplazamiento, a favor de un modelo que busca territorios sin gente para la construcción de megaproyectos, la expansión minera o para los agro business.
Pedro Arenas, El autor es miembro del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos Occdi Global y cofundador de la Corporación Viso Mutop.
Foto tomada de: Semana Rural
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