Es claro que el narcotráfico es una problemática social que ha generado grandes perjuicios a la sociedad colombiana. Conocida es su capacidad de cooptar el poder en las regiones; los problemas que genera en la salud de los usuarios de PBC, bazuco y clorhidrato de cocaína; la criminalidad asociada al homicidio y otros conexos al narcotráfico como el lavado de activos, el desplazamiento forzado y despojo de tierras; la pérdida del tejido social; pero también su gran capacidad para desestabilizar el Estado, inclusive. Dentro de ese estado de cosas cohabita la población objeto de este estudio, pequeños cultivadores de coca, quienes, por razones de subsistencia, falta de acceso a mercados lícitos o al crédito, mediante el influjo de la fuerza por parte de actores armados o abandono estatal, acuden a esta práctica agrícola a efectos de zanjar las necesidades más apremiantes de sus familias. Por efectos de conseguir unos mínimos para subsistir con mediana dignidad. Con lo anterior, este trabajo tiene como propósito demostrar que la conducta desplegada por las personas de que trata este estudio, en el ámbito de la pequeña producción, son hechos que no trasgreden materialmente el bien jurídico tutelado de la salud pública, y en consecuencia, determinar que esas personas no cometen el delito de narcotráfico, pues, se trata de labores adelantadas en el ámbito de la pequeña producción con fines de subsistencia o por salvaguardar su integridad, no así por colaborar con el mencionado flagelo, y que, incluso, estas personas en realidad son víctimas de él desde la perspectiva del derecho en Colombia.
UNA BAGATELA EN EL MERCADO DE COCAÍNA. Por cultivar coca para fines de subsistencia, el campesinado colombiano es perseguido, estigmatizado y judicializado. Análisis jurídico de Cristóbal Castañeda.
