Las víctimas de las aspersiones aéreas con glifosato en marco del Conflicto Armado Interno y el Plan Colombia, decidieron unirse junto con diferentes organizaciones no gubernamentales y demás lideres, con el fin de iniciar una acción legal para pedir la reparación de daños ocasionados por esta toxica práctica, y para ello acudieron al abogado German Ospina Muñoz, quien como apoderado de un grupo de aproximadamente 27.000 afectados y sus familias, interpusieron una acción de grupo que cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, en la cual este 24 de abril presentaron sus alegatos de conclusión, atendiendo al requerimiento de ese despacho.
Se trata de una Acción de Grupo que instauraron en 2010, buscando que el Estado reconozca una Reparación Integral por los daños causados en sus predios y en sus vidas, con ocasión de las aspersiones con glifosato aplicado en el marco del Programa PECIG, que fue autorizado por las entidades que conforman el Consejo Nacional de Estupefacientes, en su estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito.
Las familias campesinas afectadas forman parte de los municipios de Balboa, Bolívar, Sucre, Patía y Mercaderes, así como de Consejos Comunitarios de Guapi y Timbiquí, los cuales, entre otras cosas, reclaman que nunca fueron consultados previamente, como lo ordena la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero las personas y comunidades afectadas por el glifosato demandan que el glifosato les causó perdidas sociales, económicas y ambientales, las cuales deben ser reparadas por las entidades demandadas, entre las que se encuentran los Ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Ambiente y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional entre otras.
Como se sabe, en Colombia se utilizó el glifosato de manera continua, asperjándolo desde aviones sobre más de dos millones de hectáreas, según reportes oficiales, buscando reducir los cultivos de coca, pero en muchas ocasiones el campesinado, indígenas y afrodescendientes han denunciado que dicho veneno impactó la agricultura de pancoger, huertas familiares, estanques piscícolas, cultivos lícitos alternativos, café, cacao, palma, potreros y afectó animales, aves de corral y semovientes, además de contaminar fuentes de agua y dañar bosques, entre otros impactos negativos.
Las fumigaciones aéreas del agrotóxico glifosato se aplicaron desde comienzos de los años noventa hasta 2015, cuando el Consejo de Estupefacientes las suspendió a pedido del Ministerio de Salud, ante la alerta emanada de la Agencia Internacional de Riesgo de Cáncer de la OMS, la que advirtió que dicha sustancia es probablemente cancerígena. Las aspersiones también fueron interrumpidas por mandato de la Corte Constitucional que ha enfatizado en el principio de precaución y en la necesidad de levantar evidencia científica que impida materializar daños a la salud humana, animal y ambiental.
La Agencia de Defensa Jurídica estatal también entregó sus argumentos con los que pretende defender a las entidades demandadas. La Acción de Grupo ahora será analizada y el Juzgado Cuarto de Popayán deberá decidir mediante sentencia si los campesinos y afrodescendientes demandantes tienen la razón y en consecuencia ordena la reparación de los daños evidenciados en el proceso o no. Este litigio se produce en un momento en el que el propio presidente Petro ha manifestado que el glifosato debería prohibirse, que la guerra a las drogas ha sido fallida y que el Estado debe cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, siendo una de ellas es que se repare a las víctimas del glifosato.