Gracias a las denuncias hechas por Viso Mutop, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derecho al Agua Potable y el Acceso al Saneamiento, Pedro Arrojo, presentará un informe sobre tres casos específicos de afectaciones al medio ambiente y a las comunidades en Cartagena y el Canal del Dique. Conozca acá más sobre cada caso.
Por Adil Meléndez Márquez. Investigador asociado de Viso Mutop
En el informe titulado EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: DOS DESAFÍOS CONVERGENTES, el Relator Especial Pedro Arrojo atendió el llamado de pobladores del Caribe colombiano y de varias organizaciones ambientalistas, que en mayo pasado le presentaron varios casos de afectación a estos derechos.
En el marco del 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se efectua en Ginebra del 11 de septiembre al 6 de octubre de 2023, el Relator intervendrá este jueves 14 de septiembre para presentar su Informe Anual haciendo alusión a casos en Colombia, como el ya citado aquí, Perú y Túnez.
En mayo pasado se le dijo al Relator por parte de líderes comunitarios que empresas de Bolívar no respetaron la Debida Consulta Previa ni el Principio de Debida Diligencia contemplado en los Principios de Derechos Humanos y Empresas, llegando al extremo de no contar oportunamente con Planes de Manejo, así como también sobre la falta de cumplimiento de las entidades de control ambiental sobre las tareas de monitoreo, vigilancia y control que les corresponde.
A continuación transcribimos la carta abierta, dirigida al Relator Especial, que le hicieran llegar Viso Mutop junto con organizaciones locales e internacionales:
“De manera muy atenta nos dirigimos a usted para manifestarle que cada día la vida en el planeta se encuentra más amenazada por la acción humana, que amparada en modelos económicos y empresariales extractivistas la depredan extinguiendo los recursos que la componen. Al igual que la naturaleza, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales, Indígenas y campesinas en Colombia han sido despojadas de sus recursos naturales y medios de vida, situación que se ha agravado por el conflicto armado interno y su persistencia en el tiempo.
Hemos documentado varios casos relevantes en el Caribe colombiano, cuyas fuentes primarias y secundarias informan de manera irrefutable los graves daños causados por las multinacionales al medio ambiente y a las comunidades que para satisfacer sus necesidades de subsistencia dependen de los recursos naturales, impactados éstas por el desarrollo empresarial. Por tal razón se lo exponemos, para que sea de su conocimiento y pueda incorporarse al Informe que la Relatoría realizará este año, con el fin de que se hagan las recomendaciones correspondientes al gobierno colombiano.
Primer Caso: Proyecto Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena Colombia.
Desde el año 1995, la empresa Aguas de Cartagena S.A E.S.P , filial de las multinacionales Aguas de Barcelona, Suez y Veolia , operan el proyecto Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena Colombia, el cual tiene dos fases, una de captación de aguas superficiales de la cuenca hidrográfica Canal del Dique que se deposita por un sistema de transvase en el sistema lagunar Juan Gómez , y la otra, es la construcción y operación del Emisario Submarino en el norte de Cartagena para la disposición final de las aguas residuales a mar abierto a la altura de la comunidad de Punta Canoa. El contrato ya tiene una vigencia de 39 años, ha causado graves impactos sociales, económicos, ambientales y culturales a las comunidades de Rocha, Puerto Badel y Lomas de Matunilla, (Arjona y Turbana Bolívar) a raíz de los procesos de eutrofización, colmatación y sedimentación de las ciénagas lo que ha ocasionado la pérdida de la capacidad de carga y la extinción de la comunidad hidrobiológica por falta de oxígeno y como consecuencia se ha alterado el proyecto de vida de dichas comunidades que se han visto obligadas a desplazarse en busca de mejores opciones de vida.
Durante 28 años de gestión del agua, la empresa Aguas de Cartagena S.A E.S.P, no ha realizado obras para el mantenimiento y restauración de las ciénagas que ha utilizado como tanque sedimentador, ni tampoco se garantizó el derecho a la Consulta previa, ni ha cumplido con las obligaciones de los planes de manejo ambiental PMA. En efecto, en la intervención de la fase de captación y de disposición, se han violado los derechos fundamentales al Agua, al saneamiento Básico, al trabajo, a la salubridad publica, a un ambiente sano, a la vida en condiciones de dignidad, a la cultura, por la modificación de los ecosistemas y extinción de los medios de vida de las comunidades señaladas.
Segundo Caso: Proyecto Hidrovía App, Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal Del Dique.
En el año 2019, el gobierno nacional aprobó la realización del megaproyecto Proyecto Hidrovía App, Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, que se localiza e impactará negativa y directamente a más de un millón de personas de las comunidades pertenecientes a los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, pertenecientes a 19 municipios. También impactará a los municipios hacia donde será dirigido el caudal del canal de agua y sedimento.
A pesar de las denuncias realizadas por las comunidades, y los medios de comunicación en las que se informaba de la (i) falta de socialización y participación de la comunidad, (ii) sobornos y corrupción en los procesos consultivos priorizados por la Dirección de Consulta Previa, (iii) exclusión y vulneración del derecho a la Consulta a la mayoría de las comunidades ubicadas en el área de influencia, (iv) falta de licencia ambiental e instrumentos ambientales desactualizados, (v) deficiencia en el componente social y ambiental, y los hechos de violencia y amenazas contra líderes, el día siete (7) de diciembre de 2023 en medio de escándalos el Gobierno nacional licitó y adjudicó el proyecto a la única empresa proponente, la multinacional española Sacyr. El proyecto se ha presentado a la opinión pública como un proyecto de restauración ambiental, económica y social, sin embargo, entre sus objetivos se destaca el transporte de carga, y el turismo, lo que en realidad deja en evidencia la privatización del afluente por las restricciones y control que ejercerá la concesionaria sobre las aguas del Canal y el territorio. Durante las fases de construcción y operación se causarán graves impactos económicos, ambientales, culturales, teniendo en cuenta que aumentará el caudal, y se inundarán zonas de producción agropecuaria, pesqueras y se cambiará el curso del canal hacia el golfo de Morrosquillo y la Bahía Barbacoas, lo que causará impactos a los Parques Naturales Corales del Rosario y San Bernardo, Santuario Mono Hernández y Corales de Profundidad. La APP Canal del Dique, contempla construir un muro de contención de 12 km para proteger a empresas privadas que se han apropiado irregularmente de más de 5.000 hectáreas de agua, manglares y humedades que constituían el proyecto de vida de comunidades ribereñas, sin que exista una respuesta de fondo de las autoridades a pesar de las denuncias presentadas que por daños al medio ambiente, despojo y aprovechamiento irregular de recursos naturales han hecho las comunidades.
Tercer Caso: Contaminación, modificación, privatización de los cuerpos de agua, daños al medio ambiente, a la salud humana por la explotación de hidrocarburos, el uso metales pesados en la minería legal e ilegal, y la ganadería intensiva y de Búfalo en la Región del San Jorge y Mojana en el departamento de Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
La región de la Mojana y San Jorge integradas por 4 departamentos y 19 municipios son ricas en biodiversidad, y desde hace más de tres décadas experimentan una problemática socioambiental como consecuencia de la introducción al país de ganado bufalino, depredador masivo de humedales y playones, por la explotación de Carbón, Níquel y Oro. En la última década, esta problemática se ha agudizado por las actividades de sísmica 3D, exploración y explotación de Hidrocarburos, actividades que desarrollan varias multinacionales en asocio con la estatal petrolera Ecopetrol S.A.
Muy a pesar que las autoridades han otorgado las licencias para las actividades de Sísmica 3D y los proyectos de Exploración y Explotación de los Bloques y áreas ofertados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las comunidades han manifestado presuntas irregularidades en los licenciamientos, al igual han expresado su inconformidad por falta de garantías de participación y vigilancia en materia del cumplimiento de las obligaciones ambientales, de Consulta Previa y acuerdos firmados con las petroleras.
Las comunidades denuncian que la intervención de las empresas extractivistas constituye la más grande amenaza para la salud, para la vida y el medio ambiente, teniendo en cuenta que los cuerpos de agua, humedales, ríos y playones han sido intervenidos, modificados y experimentan alto índices de contaminación. En el Sur de Córdoba las enfermedades se han incrementado por la explotación de Carbón y Níquel. En San Marcos, San Benito Abad, Caimito, La unión, el rio San Jorge y las ciénagas, las poblaciones han sido gravemente impactadas por la acción de las empresas petroleras.
Como consecuencia de la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la utilización de metales pesados, la precaria vigilancia y protección institucional, se han incrementado los índices de pobreza, y miseria en las comunidades Indígenas, Afrocolombianas, Palenqueras, Rizales y Campesinas, a raíz de la extinción, desplazamiento de fauna silvestre y especies piscícolas que representaban el medio de vida de dichas comunidades. Sumado a lo anterior la ganadería extensiva e introducción de búfalos, han modificado y privatizado los playones comunales que eran utilizados en épocas de verano por las comunidades para actividades agrícolas.
En síntesis, el extractivismo, la contaminación del agua y la privatización de los playones es una de las consecuencias del desplazamiento de las poblaciones sin que exista intervención institucional oportuna y eficaz que vele por la protección de los derechos humanos de estas comunidades.”
Quedamos a la espera de que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al agua y al saneamiento, en su Informe Anual incluya un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno de Colombia sobre las afectaciones a estos derechos. Esperen el reporte sobre los apartes que contenga el Informe respecto de Colombia y en particular de Cartagena y la ecoregión del Canal del Dique.
La disputa de los derechos territoriales y la protecion del medio ambiente y el derecho al Agua, sera objeto de Investigación ante la JEP y tribunales Internacionales por falta de garantías en Colombia.