Con información de El Espectador e Infobae.
Las autoridades ambientales se declararon en alerta por el aumento de vías ilegales que se abren paso en zonas protegidas del país. Es el caso registrado en el Resguardo Indígena Llanos del Yarí, Yaguará II en Guaviare, donde en menos de tres meses se construyó una vía ilegal de casi 22 kilómetros y medio, a solo 4 kilómetros del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Esta situación pone en evidencia un problema que amenaza los recursos naturales por el número de vías que se abren sin autorización en la Amazonia, que fomentan la deforestación y terminan siendo utilizadas para actividades ilegales, como el transporte de madera y ganado, así como la colonización de las áreas previamente deforestadas.
93% de las áreas abiertas por deforestación en Guaviare, Meta y Caquetá se encuentran a menos de 2 km de una vía de acceso, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS y añade que entre mediados de 2021 y 2022 hubo deforestación en “más de 9.000 hectáreas que son parte de 55 resguardos indígenas, entre los cuales los más afectados fueron Nukak y Llanos del Yarí – Yaguará”.
Desde diferentes organizaciones defensoras del medios ambiente se advierte sobre la necesidad de un sistema de control temprano contra la deforestación que permita un monitoreo eficaz de las coberturas del bosque para identificar a tiempo la apertura de estas vías ilegales.
Recientemente el Ministerio de Ambiente reconoció la gravedad de este problema en la Amazonía. Según reportes, actualmente existen 4.708 tramos viales ilegales con una longitud total aproximada de 9.200 kilómetros. 763 de estos tramos coinciden con áreas de Parques Nacionales Naturales (con una longitud cercana a 2.655 km) y 525 con áreas que forman parte de una reserva forestal (con una longitud cercana a 3.490 km).
Habitantes de la zona de la reciente vía ilegal abierta en el área del Resguardo Indígena Llanos del Yari – Yaguará II, han manifestado que no colinda con el caserío en el que la comunidad está asentada, por lo que solicitan su destrucción.