Por Alex Diamond y Pedro Arenas
“¡Que se vaya la OEI, y que nunca vuelva al territorio!” El coliseo municipal de Briceño Antioquia se llena de aplausos por la fuerte declaración de un campesino, cuyas botas, salpicadas de pantano, cuentan del largo viaje que tomó desde las aisladas montañas donde por años el cultivo de coca dominaba la economía local.
Es el 2 de junio de 2023, seis años después de que Briceño y posteriormente otros cuatro municipios de Antioquia voluntariamente levantaran sus cultivos de coca en una apuesta por la paz y la agricultura lícita, y seis años después de iniciar la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), que prometía ejecutarse en dos años y que no solo ha tenido retraso, sino graves irregularidades que contribuyeron a un colapso económico generalizado.
La escena ocurre en el epicentro del que fuera el municipio piloto de esfuerzos por el desminado humanitario y la sustitución de cultivos, luego de haber logrado negociar tal forma de atención para los campesinos con hoja de coca en el Acuerdo Final para la Paz.
En mayo de 2017, las familias campesinas firmaron un contrato, en el que ellos se comprometieron a arrancar los cultivos de hoja de coca a cambio de que el Estado colombiano les garantizara un acompañamiento integral para generar economías lícitas. Lo hicieron en medio de una mezcla de esperanza y escepticismo. Tras décadas de políticas de persecución y estigmatización en su contra, la confianza en la institucionalidad era poca. Sin embargo, el anhelo por superar décadas de violencia y traer nuevas oportunidades para el territorio, era un sueño que les convocaba.
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que denuncian los campesinos es el actual operador de los recursos de PNIS. Llegó al territorio de Antioquia en 2020 como encargada de entregar proyectos productivos, brindar asistencia técnica, y fortalecer procesos asociativos y de comercialización. Sin embargo, son precisamente las familias firmantes de los acuerdos de sustitución las que denuncian que en manos de la OEI, una gran parte de los recursos del programa se ha perdido. Los líderes de Briceño, Tarazá, Cáceres, Anorí e Ituango, se encuentran en una pelea donde buscan sacar a la OEI del territorio, establecer los términos de la liquidación de dicho contrato y facilitar la entrega directa y rápida de los recursos y ayudas que necesitan para construir nuevas economías, y consigo, la paz.
Hasta ahora ha sido una constante la improvisación y el constante cambio de reglas de juego han dominado la interacción entre la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y el campesinado participante del Programa PNIS. Las instancias de participación diseñadas para el programa cedieron a la toma de decisiones desde Bogotá, a memorandos del gobierno con organismos internacionales que aumentaron las demoras y desconocieron las dinámicas y necesidades propias de los territorios.
Puntualmente, para firmar contratos de operación de los recursos destinados para los componentes de seguridad alimentaria, asistencia técnica y proyectos productivos del PNIS en la gran mayoría de los casos fueron escogidas entidades sin experiencia en procesos de sustitución, sin conocimientos en trabajo con comunidades rurales y sin perspectivas de impacto social. Este es el caso de la OEI.
Beneficiarios del programa de sustitución hacen fila para hacer derechos de petición reclamando los recursos “embolatados” por el manejo de la OEI. Foto por Alex Diamond.
Los reclamos de las comunidades cuentan de muchas irregularidades en la ejecución por parte de la OEI. Por ejemplo, un beneficiario que recibió dos limas del proyecto, firmó recibido y quedó registrado como si le hubieran entregado el valor total del proyecto, nueve millones. Asistencia técnica que consistía nada más en la búsqueda de firmas, o por mucho, una visita al predio para tomar una foto. Y el reclamo más común, los sobrecostos.
El sobrecosto más doloroso para los que buscaban impulsar la ganadería, vacas (que muchas veces llegaron enfermas) avaluadas por la OEI entre $11,000 a $13,000 el kilo, cuando el precio de subasta local solo daba $6,500. Cuando las y los beneficiarios se quejaron de los sobrecostos o la mala calidad de insumos recibidos, reportaron que los funcionarios de la OEI los amenazaron con sacarlos del programa o les dijeron que recibir cualquier cosa era mejor que nada. Mientras tanto, la organización seguía recepcionando recursos significativos del Fondo Colombia en Paz para ejecutar el programa.
“[La ejecución de estos recursos] se convirtió en un negocio para los operadores del programa” dice William Muñoz, delegado de Tarazá para el Consejo Asesor Territorial -CAT-, espacio que representa los intereses de las comunidades en el programa de sustitución a nivel departamental. En total, la Dirección Regional de sustitución de Antioquia ha recibido más de 2,000 derechos de petición de familias que reclaman por tales irregularidades.
Y no es la primera vez que reciben estos reclamos. Tanto los funcionarios municipales como los encargados del nivel departamental de Antioquia reportan que desde 2020 cuando la OEI empezó como operador de sustitución, han mandado múltiples reportes a la Dirección Nacional en Bogotá documentando las inconformidades de los beneficiarios. Durante el gobierno del Presidente Duque, la respuesta, según un funcionario que prefirió mantener su anonimidad, siempre fue un silencio ensordecedor. De hecho, en 2021, la Dirección firmó otro convenio con la OEI para seguir ejecutando el programa a nivel nacional hasta enero 2024, con un valor de $95 mil millones de pesos.
Frente a una investigación de la nueva administración del programa y las evidencias presentadas por las comunidades del mal manejo del operador, dicho convenio fue suspendido en abril de 2023. Sin embargo, todavía hay asuntos para resolver. Las y los líderes campesinos exigen que la OEI devuelva los recursos debidos a los beneficiarios, y que el programa se ejecute lo más rápido posible con la contratación de asociaciones locales para su implementación.
“Creemos en el programa de sustitución,” dice Richard Patiño, delegado de Briceño para el Consejo Asesor Territorial. “Y desde que se arrancó la coca, el municipio está mucho más tranquilo. Pero necesitamos una buena intervención del programa para cerrar las brechas de desigualdad, sacar a la gente de la extrema pobreza y construir la paz.” Eso es lo que esperan las familias campesinas frente al caso de la OEI y otros operadores también en otras zonas del país, en donde quieren ser veedores de los recursos, que este programa derivado del Acuerdo de Paz, les prometió.
* Alex Diamond es un profesor de sociología de Oklahoma State University que lleva cinco años investigando el proceso de paz de Colombia en territorio.
* Pedro Arenas es investigador de la Corporación Viso Mutop, la cual ha acompañado a comunidades campesinas en medio de la implementación del Acuerdo de Paz.