“Pueblos en contacto inicial tienen derecho a la tierra”
Por Corporación Viso Mutop
El 18 de agosto de 2023, la Magistrada Natalia Ángel lideró una Audiencia de seguimiento a la situación de desplazamiento, en la que se valoró el grado de cumplimiento de las entidades estatales a una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional a partir de sentencias y autos en los que se ha buscado atender y garantizar la salvaguarda de los pueblos Jiw y Nukak, para lo cual es indispensable la protección de su territorialidad ancestral y trabajar por su retorno al ecosistema que los albergó por miles de años, antes de que el conflicto armado los expulsara de allí.
Si bien, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas y tres informes de seguimiento, la valoración de la situación actual evidencia que las órdenes emitidas por la Corte no se han cumplido, a pesar de que la situación de desplazamiento viene desde hace 20 años. La presencia de minas y municiones sin explotar en los resguardos de estos dos pueblos son un factor que impide el retorno.
El conflicto armado interno que tuvo una reducción significativa entre 2016 y 2018, ha vuelto a instalarse en inmediaciones de Meta y Guaviare. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste por parte de los armados. Y aunque la UARIV y otras entidades han ejecutado acciones de asistencia a las familias desplazadas, la Corte pudo constatar en Julio pasado, en visita a terreno, que la situación no mejora.
La desnutrición, la falta de saneamiento y vivienda digna, la inadecuada atención en salud agravada por las inconsistencias del modelo y las exigencias que las EPS hacen a los Jiw y Nukak, entre otros factores, han conllevado ahora un estado de urgencia que la Corte pudo establecer como de mendicidad, drogadicción, prostitución, desprotección de los niños y niñas, y desintegración familiar, lo que tristemente tiende a naturalizarse en la sociedad de Guaviare y Meta, en la que además persisten relaciones desiguales, entre instituciones, autoridades locales, gremios y finqueros con los indígenas.
La Magistrada Ángel indagó sobre las lecciones aprendidas de casi dos décadas de “intervenciones” del Estado, sobre por qué no se ha implementado el Plan de Salvaguarda y sobre la falta de acompañamiento en terreno a estos pueblos. La falta de una adecuada caracterización de la situación, el rigorismo jurídico, la carencia de rutas de trabajo que articulen a todas las instituciones en distintos niveles, incluyendo compromisos de las entidades territoriales más allá del corto plazo, fueron aspectos citados en la audiencia.
Los representantes de los pueblos Jiw y Nukak en sus presentaciones le insistieron a la Corte que “sus órdenes no se cumplen y no son eficaces”, a pesar de que emitan muchos autos; “tenemos tierra en el papel pero no la podemos usar pues el conflicto armado continúa” dijeron, “estamos cansados de reuniones pero mientras tanto nuestra cultura se está perdiendo”. Esto refleja una realidad y es que los pueblos en contacto inicial tienen derecho a tierra y territorio, y el Estado debe hacer todo para garantizarles ese derecho.