Las organizaciones de la sociedad civil, instamos a la opinión pública, por respeto a las víctimas y familiares de las masacres y a la garantía de los derechos de la población cultivadora, a evitar la reproducción sin análisis y la amplificación de un mensaje que, además de no estar basando en la evidencia, contradice las órdenes emitidas por distintas instancias del Poder Judicial sobre la consulta efectiva de las comunidades, como requisito previo para reanudar cualquier escenario de fumigación.

A la opinión pública.

Frente a las declaraciones emitidas por el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo el pasado 24 de agosto donde asegura que “suspender la aspersión área de cultivos declarados ilícitos, fue un gravísimo error y con seis masacres es necesario ver la aspersión como un asunto de seguridad nacional” y ante las declaraciones que aseguran que el gobierno nacional se encuentra avanzando en la logística para reanudar dicha política en diferentes zonas del país, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, instamos a los medios de comunicación, por respeto a las víctimas y familiares de las masacres y a la garantía de los derechos de la población cultivadora, a evitar la reproducción sin análisis y la amplificación de un mensaje que, además de no estar basando en la evidencia, contradice las órdenes emitidas por distintas instancias del Poder Judicial sobre la consulta efectiva de las comunidades, como requisito previo para reanudar cualquier escenario de fumigación.

En este sentido, es relevante recordar a la opinión pública que en la sentencia T-236 del 2017, la Corte Constitucional estableció la necesidad de contar con mecanismos de amplia participación y consulta con las comunidades directamente afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato, incluyendo consulta previa en territorios étnicos. En el auto 387 de 2019, de seguimiento a dicha sentencia, la Corte señaló que el gobierno no había avanzado en el proceso reglamentario requerido para la reanudación de dicha actividad.

Ante el inicio del trámite de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el 30 de diciembre de 2019, para modificar el Plan de Manejo Ambiental que permitiría reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (PECIG), diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una solicitud de audiencia pública, a fin de garantizar efectivamente el derecho de participación. Días después, con la llegada de la pandemia por COVID-19 a Colombia, la ANLA convocó a una  audiencia pública ambiental virtual para avanzar con el proceso administrativo para la modificación del Plan de Manejo Ambiental que busca retomar las aspersiones aéreas con glifosato en los territorios de 104 municipios distribuidos en 14 departamentos el país. Ante dicho escenario, las organizaciones solicitantes enviaron un recurso para suspender la audiencia hasta que hubiese condiciones para realizarla de forma presencial. Al tiempo, asociaciones campesinas y organizaciones de derechos humanos, interpusieron tutelas en Pasto y Bogotá exigiendo que se suspenda la audiencia virtual por no haber condiciones de participación para las personas afectadas.