El Comité de Derechos Humanos de la ONU invitó a organizaciones de sociedad civil a presentar contribuciones para su próximo informe sobre los desafíos que comportan los derechos humanos en la conducción de los esfuerzos sobre el problema mundial de las drogas. Atendiendo esta invitación Viso Mutop y el TNI de Holanda enviaron una contribución específica sobre afectaciones causadas por políticas de drogas a los derechos humanos de poblaciones cultivadoras de coca, amapola y marihuana, teniendo en cuenta el caso colombiano y relacionándolo con lo sucedido en otras latitudes donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido impactadas negativamente por políticas de drogas como la erradicación forzada.
Presentación ante el Consejo de Derechos Humanos respondiendo a la llamada dirigida a organizaciones de Sociedad Civil para hacer contribuciones sobre los desafíos de Derechos Humanos en la contención del problema mundial de las drogas, de acuerdo a su Resolución 54&/22 adoptada en abril de 2023.
Presentada por la Corporación Viso Mutop y el Transnational Institute de Holanda.
Esta contribución aborda las políticas de control de drogas sobre el cultivo de cannabis, coca y amapola, y en qué medida dichas políticas están desafiando y afectando los derechos humanos de las comunidades involucradas. También aborda el tema de los derechos de los pueblos indígenas en este marco. Tiene un enfoque especial en la situación de Colombia, pero se aplica igualmente a otros países y regiones donde se implementan políticas de control de drogas similares.
Introducción
Los tratados internacionales de fiscalización de drogas definen que el cultivo de las tres plantas se limita a su uso con fines médicos y científicos. Además, el tipo de usos médicos se limita en gran medida a las aplicaciones farmacológicas y, como consecuencia, las prácticas médicas tradicionales ancestrales y generalizadas de estas plantas fueron criminalizadas en la mayoría de los países. Sin embargo, diversas comunidades en todo el mundo han seguido cultivando estas plantas y, actualmente, la demanda mundial de ellas y sus derivados ha ido en aumento.
Colombia puede ser el único país del mundo donde se cultivan las tres plantas, aunque solo la hoja de coca tiene un siglo de historia de usos indígenas, y ahora se cultiva principalmente por comunidades indígenas para la producción de cocaína. El cannabis y la adormidera de amapola se han cultivado allí durante décadas. Los usos tradicionales de la hoja de coca han querido ser suprimidos por las élites gobernantes y proscritos por los Tratados de drogas, aunque eso ahora está cambiando lentamente. Sin embargo, el cultivo y consumo tradicional siguen presenten en rituales y ceremonias en la Amazonia, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, y está creciendo el comercio de harinas y productos basados en la hoja de coca en Cauca, Putumayo, Caquetá y Bogotá, entre otras partes del país.
Erradicación forzosa:
La destrucción manual y química de estos cultivos mediante el uso de la fuerza, involucrando a las fuerzas de policía y militares, se ha aplicado como una herramienta permanente en el afectaciones causadas por políticas de drogas a los derechos humanos de poblaciones cultivadoras de coca, amapola y marihuana, teniendo en cuenta el caso colombiano control de drogas, durante décadas, en todas las regiones donde están presentes, en la mayoría de los casos, zonas rurales con una gran presencia de familias indígenas, afrodescendientes y campesinas que dependen para su subsistencia de los ingresos que brindan estas plantas. Esta dependencia económica de estos cultivos es en sí misma una consecuencia de la falta de cultivos agrarios generadores de ingresos para cientos de miles de agricultores, y la demanda creciente y sostenida de los derivados de la agricultura ilícita.
En el caso de Colombia esta situación se ha visto agravada por un conflicto interno que se prolongó durante casi 60 años con graves implicaciones para la seguridad y los derechos humanos básicos de la población, con cerca de 400.000 homicidios, 9 millones de víctimas y más de 100.000 personas desaparecidas. La fumigación aérea y terrestre -con herbicidas como el glifosato- de cultivos de uso ilícito en Colombia puso en marcha un círculo vicioso de destrucción humana, social, cultural y ambiental. Esta práctica se detuvo recientemente, pero los costos en la salud humana y la destrucción del medio ambiente se sentirán por mucho tiempo y todavía no han sido compensados por las instituciones responsables de aplicar aquellas políticas represivas.
Las violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la erradicación de cultivos han sido bien documentadas, particularmente en América Latina, donde esta práctica a menudo ha causado la pérdida de vidas humanas, lesiones graves y permanentes, el encarcelamiento de agricultores pobres, desplazamientos de población y el despojo de comunidades enteras de sus tierras y fuentes de ingresos, sin ningún tipo de reparación. El uso desproporcionado de la fuerza en estas operaciones ha contribuido al debilitamiento de la gobernabilidad, la democracia y ha alimentado conflictos. Esto no se limita solo a América Latina, también en el Caribe, África y Asia la erradicación violenta ha sido y sigue siendo una herramienta común en el control de drogas.
El fenómeno global de cultivos para uso ilícito no se ha enfrentado, con algunas excepciones, con opciones exitosas de desarrollo alternativo, a pesar de décadas de tímidos intentos de muchos gobiernos de implementar proyectos que ofrezcan otras fuentes de ingresos para las comunidades rurales. Hasta el día de hoy se persigue la erradicación forzada como una práctica aceptada en las políticas de control de drogas, a continuación enumeramos algunos de los derechos humanos que se ven afectados por estas prácticas:
Artículo 3 Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad de su persona de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se desconoce el número de personas que han perdido la vida como consecuencia de operaciones militarizadas de erradicación a nivel mundial, pero existe una vasta documentación de casos en todo el mundo, particularmente en Perú, Bolivia y Colombia. Solo por dar un ejemplo de una operación de erradicación colombiana en octubre de 2017, en el departamento de Nariño, cuando siete campesinos perdieron la vida y 22 resultaron heridos por disparos de policías y militares. Durante las últimas décadas, cientos de campesinos, hombres, mujeres y niños, han sido asesinados en la violencia resultante del deseo institucional de eliminar tales plantas, destruyendo el sustento de estas personas. Casi ninguno de estos delitos ha sido procesado hasta la fecha. La impunidad ha sido la constante.
Arte. 7: Todos son iguales ante la ley y tienen derecho sin distinción a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda incitación a tal discriminación.
Las comunidades involucradas en el cultivo de plantas que se utilizan para el mercado de drogas ilícitas se enfrentan a la discriminación, son atacadas por las fuerzas del orden como delincuentes y se les aplica una fuerza desproporcionada. Su posición económica rezagada, incluso en comparación con otros pequeños agricultores, y su identidad cultural comúnmente es ignorada y maltratada por las autoridades.
Arte. 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar propios y de su familia, incluidos la alimentación, el vestido, la vivienda y la atención médica y los servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otra falta de sustento en circunstancias fuera de su control.
La pérdida de la -única- fuente de ingresos, como consecuencia de los operativos de erradicación forzosa, está afectando este derecho. Los productores de estos cultivos se encuentran en una situación de privación en cuanto al acceso a los alimentos, a los bienes y servicios públicos, y la razón por la que los cultivan es una estrategia básica de supervivencia. Ser privados de sus modestos ingresos sin ningún tipo de compensación ha causado un tremendo sufrimiento humano, hambre y privaciones.
En ocasiones, el desplazamiento interno es consecuencia de operaciones de erradicación forzosa. En Colombia, este ha sido el caso con frecuencia en el contexto del conflicto interno, donde los agricultores a menudo se encontraron atrapados entre actores armados estatales y no estatales. Las operaciones de erradicación forzosa han visto muchos allanamientos violentos de viviendas sin una orden judicial y sin ninguna amenaza que justifique tales acciones. A menudo, las fuerzas del orden infligen daños a la propiedad y, a veces, los agricultores se enfrentan a desalojos forzosos de sus tierras y hogares. Los abusos de autoridad son comunes en las operaciones de erradicación y están bien documentados por la Corte Constitucional en sus decisiones sobre desplazamiento forzado. Los casos de violación, tortura, robo y destrucción de bienes durante las operaciones de erradicación no son una excepción.
Derechos indígenas y culturales
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 determinó la eliminación gradual de todos los usos tradicionales de la coca, el cannabis y el opio. La fecha límite establecida ha pasado hace mucho tiempo y formalmente todos los usos no médicos, en la interpretación occidental moderna, ya no están permitidos. Es la mejor ilustración de que los tratados de la ONU sobre drogas reflejan puntos de vista -médicos- occidentales, y son en sí mismos el resultado de una perspectiva colonial o de conquista. Durante las negociaciones del tratado y desde entonces, muchas partes de la Convención de 1961 han cuestionado estos puntos de vista, particularmente en el caso de la hoja de coca.
El derecho a la consulta previa, libre e informada en favor de pueblos étnicos, ha sido constantemente vulnerado en las Américas. Los derechos de los pueblos indígenas son parte de los derechos humanos, y la interfaz entre las poblaciones originarias y las políticas para controlar el problema de las drogas aún no se ha estudiado en profundidad, pero se le debe prestar una atención creciente.
Históricamente, las plantas psicoactivas han jugado un papel central en las prácticas médicas indígenas, tanto físicas como espirituales, y ellas son cruciales para su cohesión social e identidad cultural. En términos generales, la aparición de los poderes coloniales y las implicaciones de que los habitantes originales fueran sometidos a su dominio ha tenido graves consecuencias para su práctica cultural y medicinal, incluido el uso de plantas psicoactivas. Los tratados internacionales de drogas reflejan estas prácticas ancestrales como no permitidas, lo cual es violatorio de los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo que consideran a la hoja de coca, el cannabis y la amapola como parte de su patrimonio cultural.
Conclusión
En nuestra contribución hemos señalado aspectos básicos sobre la afectación de principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las políticas de control de drogas, emanadas del tratamiento legal dado a estas plantas y sus cultivadores y usuarios. Por ello, solicitamos al Comité de Derechos Humanos que tenga en cuenta nuestra contribución al revisar los desafíos de derechos humanos para abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas.