Por: Hugo Velásquez, Abogado y dirigente del Meta.

El medio ambiente ha sido gravemente afectado por la manera en que el Estado ha reprimido con políticas criminales un problema social. Para quienes consideran que el campesino es el delincuente a perseguir, se les olvida que la criminalidad está en otro nivel de la cadena de producción. No es lo mismo narcotráfico que cultivos de uso ilícito. No es lo mismo un problema de marginalidad social por la ausencia del Estado que un conflicto de criminalidad.

Los gobiernos han manejado puntos de vista ambivalentes frente al tema, reconociendo en ocasiones el fracaso de la política de lucha contra las drogas y al mismo tiempo adoptando posiciones sumisas frente al gobierno de los Estados Unidos. Hay quienes han sostenido que el glifosato es absolutamente inofensivo para el medio ambiente y lo comparan con el utilizado de manera focalizada para la agricultura lícita, aplicado con aspersores de espalda, que es un insumo agrícola necesario para muchos cultivos e inocuo por su forma de manejo.

Innumerables estudios han demostrado que las fumigaciones aéreas contra los cultivos ilícitos tienen efectos dañinos sobre el medio ambiente y también sobre las personas que viven cerca de estos cultivos. En los departamentos donde se realizó la aspersión aérea en el pasado, se han evidenciado los efectos de lo que muchos denominan la guerra química contra los campesinos. Para el año 2011 se registraron más de 48,000 niños con malformaciones en Colombia relacionadas con el uso del glifosato. En los hospitales establecidos en las zonas más afectadas por las aspersiones aéreas se han observado aumentos considerables de casos de malformaciones, como niños con labio leporino. Es incierto el número de campesinos, carentes de recursos para asistir a los centros hospitalarios, que resultaron afectados por esta situación. Estudios de la primera década, de los años 2000, mostraron que como consecuencia de las fumigaciones aéreas, el 89% de los niños que llegaban al hospital de Villavicencio, en el departamento del Meta, presentaban problemas del tubo neural, es decir, defectos congénitos del cerebro, la columna vertebral y la médula espinal que se producen en el primer mes de embarazo.

Otra denuncia grave es la relación que se hace entre el glifosato y la utilización del hongo Fusarium Oxysporum que aumenta la efectividad del herbicida sobre la planta. Este hongo puede causar enfermedades devastadoras en varios cultivos al alterar la composición de la microbiota del suelo, afectando negativamente a los microorganismos beneficiosos que protegen a las plantas. En el 2012, la Universidad de Antioquia entregó los resultados de un estudio después de aplicar Fusarium Oxysporum en plantas de coca en Tarazá, uno de los muchos municipios víctimas de la guerra biológica contra los campesinos del país, confirmando sus efectos nocivos en seres humanos. Algo similar ocurrió con la identificación molecular realizada en la Universidad de los Andes sobre la presencia de este hongo asociada al glifosato. Coinciden también con investigaciones en Ecuador, en la frontera con Colombia, que demostraron daño en el ADN de las personas expuestas al tóxico utilizando varias pruebas inmunológicas, entre ellas el ensayo cometa, una técnica para evaluar genotoxicidad. Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, demostraron el efecto toxogenético del desarrollo embrionario en una rana cuya primera ola había sido impregnada por el glifosato y por el hongo. En la Universidad de Río Grande del Sur de Porto Alegre, Brasil, se demostró la toxicidad del glifosato con daño en el sistema esquelético en los fetos. A estas investigaciones se suma la del departamento de biología de la Universidad del Cauca, que también corroboró daños en el ADN.

Un vocero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aludió a investigaciones que muestran una mayor incidencia del hongo Fusarium Oxysporum en cultivos, donde se utiliza el glifosato. Además, mencionó el potencial del glifosato para contaminar las aguas subterráneas. «Mientras no haya calcio en la tierra, no hay peligro. Si hay calcio y fósforo, se podría generar daño. El glifosato puede filtrarse al agua subterránea si hay calcio y fósforo, precipitando la contaminación y afectando a los ríos, la fauna y la pesca».

Ante el aumento de la incidencia de malformaciones congénitas en la Sierra Nevada de Santa Marta, denunciado por un mamo del pueblo indígena Kogui, profesores de pediatría de la Universidad del Magdalena investigaron y encontraron la incidencia más alta de América Latina de malformaciones congénitas, posiblemente relacionadas con las fumigaciones contra cultivos de marihuana a finales de los años 70.

Para contrarrestar el problema del narcotráfico se requieren políticas centradas en la situación de vulnerabilidad de los campesinos, con una presencia efectiva del Estado. Ellos están dispuestos a abandonar los cultivos de uso ilícito si se les ofrecen alternativas reales para sostener a sus familias.

Historia del glifosato en Colombia.

Las pruebas piloto comenzaron en el Gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994) para fumigar cultivos de amapola. A lo largo de más de 25 años se asperjaron con glifosato más de dos millones de hectáreas de plantaciones ilícitas, especialmente de coca. En marzo de 2008, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por los efectos que tenían sobre su territorio las fumigaciones con glifosato realizadas en plantaciones de coca en la zona fronteriza. Cinco años después, los dos países llegaron a un acuerdo para resolver el problema sin necesidad de intervención de la CIJ, comprometiéndose el Gobierno colombiano a entregar al país vecino un total de 15 millones de dólares para el desarrollo de las zonas fronterizas.

En 2014, una sentencia de la Corte Constitucional colombiana ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos. En 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal, que dos años después emitió un nuevo fallo permitiendo reanudar las aspersiones aéreas solo si una investigación científica, de forma «objetiva y concluyente» puede demostrar la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, el glifosato se sigue utilizando en Colombia para fumigar cultivos agrícolas y, en diciembre de 2016, el CNE aprobó su uso en la fumigación terrestre contra los cultivos de uso ilícito, en el marco del Plan de Erradicacion de Cultivos con Aspersión Terrestre PECAT. En 2019, el gobierno colombiano reguló el uso del glifosato, permitiéndolo solo en aplicaciones manuales y en ciertos contextos agrícolas, pero manteniendo la prohibición del uso aéreo.

Hasta el presente, el uso del glifosato en Colombia sigue siendo un tema de debate y controversia puesto que para algunos sectores políticos se trata de encontrar un equilibrio entre las necesidades de erradicación de cultivos ilícitos y las preocupaciones sobre los impactos ambientales y de salud pública de la sociedad colombiana, especialmente del campesinado.

El gobierno actual puso en marcha una nueva política que privilegia brindarle oxígeno a los agricultores y asfixia a los narcotraficantes, mientras tanto ha mantenido la erradicación manual de cultivos. El Ministerio de Defensa ha bajado las metas de erradicación pero en algunas regiones, como Putumayo y Sur de Bolívar ha habido protestas por este tipo de operaciones.