Presentación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

 Un aporte de la Corporación Viso Mutop y el Transnational Institute (TNI)

• Viso Mutop es una organización colombiana no gubernamental que monitorea los efectos de las políticas de Drogas en los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables del campo, así como el acompañamiento a comunidades locales que cultivan coca, opio y cannabis.
• Transnational Institute es una organización no gubernamental basada en los Países Bajos, y su trabajo se enfoca en la defensa y apoyo internacional relacionado con el funcionamiento de las convenciones internacionales de Control de Drogas de las Naciones Unidas.

Introducción

Con el propósito de contribuir a la elaboración de una Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y convencidos de que esta contribución concierne a una vasta y gravemente afectada población, muchas veces desatendida, presentamos los resultados obtenidos en dos reuniones en Colombia en septiembre de 2023: La primera en Santa Marta, con delegaciones de cultivadores de cannabis de Jamaica, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Guadalupe, Barbados, México y Colombia. La segunda en Medellín, donde representantes de comunidades campesinas e indígenas cocaleras de Bolivia, Perú y Colombia se reunieron para abordar los efectos de las políticas de drogas sobre sus DESC.

Este documento también integra los resultados de otras dos consultas organizadas en enero de 2024 por el TNI y sus socios en Marruecos (cultivadores de cannabis de las provincias del norte) y Myanmar (cultivadores de opio del estado de Shan), con información sobre los impactos de las políticas de drogas en los DESC de los cultivadores de cannabis y amapola.

En total, las consultas involucraron alrededor de 100 personas. Ambas reuniones, cada una de tres días, estuvieron acompañadas por un representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Por separado, un ex comisionado del CESR y un funcionario de la oficina del ACNUDH en Medellín presentaron a los participantes. Organizaciones locales de derechos humanos facilitaron los talleres y proporcionaron contexto local, tanto en Santa Marta como en Medellín.

Metodología

En las consultas se aplicó la metodología del Café Mundial, que permitió a todos los participantes tener la misma oportunidad de contribuir a los debates. Se formaron tres grupos con representación geográfica y de género balanceado, teniendo en cuenta también las diferencias lingüísticas, para discutir cada uno de los derechos afectados, y cada grupo rotó por las tres mesas en los que se discutieron las afectaciones a los derechos económicos, a los derechos sociales y a los derechos culturales. Cada mesa designó un portavoz que se encargó de presentar las principales conclusiones al siguiente grupo y luego un relator designado al azar presentó las conclusiones de los grupos en sesión plenaria. Se invitaron a todos los participantes a escribir sus comentarios en un papel, que luego se recolectaron para proporcionar un resultado conjunto.

Justificación

Los tratados de control de drogas de la ONU definen que el cultivo de cannabis, coca y adormidera se limita a fines médicos y científicos. Además, los usos médicos se limitan a aplicaciones farmacológicas estrictas, y no se aplican al expandido uso tradicional y ancestral, ni a las prácticas médicas de estas plantas. Sin embargo, muchas comunidades de todo el mundo han seguido cultivando y utilizando estas plantas, y la demanda mundial de las plantas y sus derivados ha ido en constante aumento. La coca y la adormidera también se cultivan para obtener cocaína y heroína, respectivamente. En las consultas se discutió el uso excesivo de enfoques punitivos en el control de drogas a nivel de los pequeños agricultores y su efecto negativo en los DESC, con impactos desproporcionados en las personas que viven en áreas rurales con altos niveles de pobreza, comunidades marginadas, incluidos los campesinos, los afrodescendientes y los Pueblos Indígenas.

Afectaciones de los CES según los artículos del Pacto:

Preámbulo

Los participantes en nuestras consultas se mostraron bastante sorprendidos al conocer los derechos consagrados en el Pacto. El consenso fue que, en lugar de crear condiciones para el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los propios Estados los han estado violando. Las políticas antidrogas han incrementado la presencia militar, los altos índices de detenciones y encarcelamientos y, en general, han creado inseguridad y han afectado a la dignidad de quienes viven en zonas rurales.

«En nuestra comunidad, las familias dedicadas al cultivo de coca fueron desplazadas forzosamente después de la erradicación forzosa, y como consecuencia hubo pérdida de sus ingresos y el daño causado a su seguridad alimentaria». (Putumayo, Colombia)

Artículo 1, párrafo 2

La erradicación de cultivos priva a los pueblos de sus medios de vida. Las fumigaciones tóxicas causan daños a las personas, a los medios de subsistencia y a los recursos naturales. Varios gobiernos han utilizado agentes químicos para destruir cultivos. En un caso esto sigue ocurriendo (Colombia)

«El daño causado a los territorios colectivos, en sus recursos naturales, ha llevado a la reducción de la pesca, así como de los árboles frutales nativos, privando a las comunidades de sus medios de subsistencia». (Guaviare, Colombia)

«La erradicación forzosa acaba con el sustento que la coca ofrece a quienes vivimos en zonas apartadas y no tenemos protección social. Este derecho lo garantiza la familia con sus propios recursos, a pesar de las condiciones informales e ilegales en las que trabajamos. No tenemos otra forma de subsistir ni de pagar la seguridad social». (Antioquia, Colombia)

Artículo 2, párrafo 2

La discriminación hacia el consumo ancestral y cultural continúa contra los pueblos indígenas que consumen coca, opio y cannabis a diario.

«La policía es propensa a aplicar la ley contra los indígenas que cultivan y consumen cannabis».

(Accompong, Jamaica)

Según los informes, este es el caso en casi todas las islas del Caribe, a pesar de la arraigada relación cultural que tienen allí con la planta de cannabis. Por otra parte, la discriminación también encuentra expresiones en la violencia.

«Los estereotipos y prejuicios basados en la apariencia y el comportamiento conducen a consecuencias trágicas, como la persecución y el asesinato. Esto perpetúa un ciclo de marginación y discriminación que afecta negativamente a la integración social y al bienestar de los jóvenes». (Córdoba, Colombia)

Artículo 3

En las zonas donde la agricultura se considera ilegal, las mujeres no suelen poseer tierras, persiste la dependencia económica y el machismo de los hombres. Los Estados deberían proteger y promover los derechos de las mujeres, pero, como confirmaron muchos participantes, no suele ser así:

«Los programas oficiales de sustitución de cultivos no tienen en cuenta el enfoque de género, a pesar de que diversas normas les obligan a ello. Las organizaciones de mujeres han presentado iniciativas para lograr una mayor participación y garantizar el acceso a la propiedad rural y a los mercados legales». (Bolívar, Colombia)

Artículo 6. El derecho al trabajo

Todos los presentes y afectados por la erradicación forzosa sin apoyo para el acceso al desarrollo y a fuentes alternativas de trabajo acordaron que este derecho se ha visto afectado:

“Una familia que vive en montañas remotas donde no hay carreteras, ni servicios públicos, ni acceso a infraestructuras básicas tiene demasiadas limitaciones para tener un medio de vida y, a menudo, la única oportunidad de trabajar es el cultivo de opio. Además, los injustos criterios de selección de beneficiarios de los programas de sustitución de cultivos estatales o de la ONUDD excluyen a los pobres de recibir ayuda y de trabajar en actividades lícitas». (Estado de Shan, Myanmar)

Del mismo modo, muchos participantes afirmaron que el lugar en el que vivían no ofrecía oportunidades laborales para vivir de la tierra, y el cultivo ilícito era la única opción para generar ingresos, como consecuencia de una combinación de limitaciones medioambientales, infraestructurales y económicas.

«En las montañas del Rif, en el norte de Marruecos, hay poca agua y pocos cultivos que den resultados, salvo el cannabis. Llevamos mucho tiempo aislados y el gobierno nunca nos ha ayudado. La pobreza extrema sigue siendo importante en nuestra región». (Issaguen, Marruecos)

Diversas iniciativas, entre comunidades dentro de su propio país o entre países, para establecer mercados lícitos para usos medicinales, terapéuticos, alimentarios e industriales, a partir de la coca, siguen enfrentándose a las limitaciones y prohibiciones de los tratados sobre drogas.

“En Perú, la empresa estatal ENACO, encargada de comprar la hoja, paga precios muy bajos y nunca suficientes para comprar toda la oferta de coca que tienen los campesinos». (Cuzco, Perú)

Además, en los países en los que se ha avanzado en la regulación del cannabis, persisten las limitaciones del sistema financiero, sobre todo para quienes se dedican a la agricultura con recursos limitados:

«Los bancos impiden que los cultivadores y sus iniciativas empresariales -incluso las lícitas- se beneficien del crédito y realicen actividades comerciales, así como del movimiento de los ingresos del cannabis». (Barbados)

Artículo 7. Goce de condiciones de trabajo justas y favorables

«La reciente legislación que regula los usos medicinales del cannabis ha dejado por fuera a las comunidades cultivadoras existentes, cerrando oportunidades a las familias nativas y en general a los pequeños productores, debido a las restricciones impuestas y a la falta de asistencia técnica para realizar la reconversión de sus sistemas productivos, con lo cual la oportunidad de trabajar y mejorar sus ingresos en un mercado lícito permanece bloqueada». (Cauca, Colombia)

«En general, los narcotraficantes abusan de los campesinos y les pagan poco por la pasta de coca, pero también se gana poco dinero con la hoja de coca. Por eso es necesario diversificar los cultivos. Pero también se paga poco por los productos del desarrollo alternativo. Las condiciones de trabajo son precarias en estas zonas, al igual que su propia existencia». (Ucayali, Perú)

Artículo 8. Libertad de asociación laboral

Las limitaciones legales derivadas de los Tratados de Drogas de la ONU suponen un obstáculo para que los cultivadores de coca, amapola y cannabis se organicen. En Marruecos, México y Myanmar está prohibido formar sindicatos de esta naturaleza, a pesar de ser agricultores. El cultivo de estas plantas está tipificado como delito en los códigos penales de todos los países. En Colombia, Perú y Bolivia existen limitaciones al funcionamiento de los sindicatos de cultivadores de coca y son estigmatizados por parte de diversas instituciones estatales.

«En el caso de México, el contexto violento que rodea a las drogas no permite que las comunidades se junten como unidad poblacional y alcen la voz». (Michoacán, México)

Artículos 9 y 12

Entre los derechos afectados en estas comunidades está el derecho a la salud y a la seguridad social. La informalidad e ilegalidad del trabajo de los cultivadores de estas plantas impide el acceso a un seguro de salud o a cualquier tipo de protección laboral. La ilegalidad del cultivo de estas plantas impide a los cultivadores brindar a sus trabajadores condiciones de seguridad social acordes con las normas laborales, por lo que no permite un acompañamiento digno, empresarial y competente en los procesos de remuneración al trabajo.

«La falta de regulación genera una alta desprotección para quienes cultivan o viven del cultivo de coca». (Alto Huallaga, Perú)

“En Colombia, se cree que quienes tienen derecho a la seguridad social son las personas empleadas por empresas, con un trabajo fijo y un salario mensual. No conozco ninguna zona donde los campesinos tengan seguridad social». (Catatumbo, Colombia)

Dada la ilegalidad de los cultivos, quienes trabajan en estas tareas no lo hacen de acuerdo con los marcos normativos nacionales, ni tienen acceso a los sistemas de salud o de pensiones. En ciudades como Michoacán, en México, la situación de ilegalidad de los cultivadores limita sus derechos y les obliga a pagar por servicios que debería prestar el Estado. Lo mismo ocurre en Guadalupe, donde los cultivadores de cannabis son tratados como narcotraficantes. Esta situación es aprovechada, en ocasiones, para beneficio de actores armados ilegales del territorio que, ante la falta de empleo para los jóvenes, los reclutan o convencen para que se unan a sus grupos.

La constante persecución por parte de las autoridades, así como las operaciones de erradicación forzosa, llevan a muchas familias cocaleras, por ejemplo, a establecer sus cultivos en zonas alejadas de los centros urbanos o de los centros de salud, lo que complica el acceso a medicamentos y tratamientos médicos.

«Aparte del hecho de pertenecer a una comunidad vulnerable, estas políticas prohibicionistas agravan la situación. Las fumigaciones aéreas convierten nuestros cultivos en una plaga, donde no crece nada. Y eso favorece la aparición de enfermedades que empeoran tu salud en un sistema de salud que ya es débil». (Chocó, Colombia)

«La estigmatización de los territorios cocaleros y donde se cultiva coca impide la llegada de hospitales o servicios médicos, ya que los cultivadores son acusados de narcotraficantes, como resultado de lo que definen las políticas de drogas. Esto hace que ni siquiera el personal médico quiera ir a nuestros territorios por considerarlos inseguros y riesgosos para sus vidas, a esto se suma el uso indiscriminado de los estados de emergencia en los territorios cocaleros, como es el caso de Perú». (Alto Huallaga, Perú)

La fumigación con productos químicos como el glifosato ha tenido consecuencias devastadoras, como en el caso de Cauca, Colombia, que ha desencadenado en enfermedades y deformidades genéticas en la población local. Además, el uso de herbicidas contamina las fuentes de agua locales que las comunidades utilizan para sus cultivos y para el consumo humano y animal.

La estigmatización social de los cultivadores provoca limitaciones en el acceso a la sanidad, dificulta el empleo y la educación, y erosiona los principios de igualdad y no discriminación. Esta estigmatización se traduce en diversas formas de represión que atentan contra los derechos fundamentales de los jóvenes en Colombia y en el resto del mundo. Los estereotipos y prejuicios basados en la apariencia y el comportamiento pueden tener consecuencias trágicas, como la persecución y la violencia contra los jóvenes consumidores de cannabis, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos. La situación es peor en el caso de la salud mental, debido a la falta de profesionales para tratar situaciones traumáticas de generaciones de personas y comunidades, producto de la violencia, los conflictos y la falta de oportunidades en el territorio.

«Vivimos en zonas remotas debido a la falta de tierras adecuadas. A menudo estas tierras son zonas protegidas por razones medioambientales o por los pueblos indígenas, lo que genera conflictos entre las comunidades. La distribución desigual de la tierra es un problema general en Colombia, donde pocos tienen la propiedad de grandes cantidades de tierra, mientras que muchos no tienen acceso. Como consecuencia de los Tratados de Libre Comercio, los pequeños productores de alimentos no pueden competir y se han trasladado a cultivos ilícitos». (Meta, Colombia)

«Para muchos de nosotros, estas plantas sagradas se han convertido en un refugio para lidiar con el estrés y los traumas. Sin embargo, la trágica realidad es que quienes las consumen, especialmente los jóvenes, suelen ser víctimas de la violencia y la represión». (Cauca, Colombia)

Artículo 10

Las políticas de drogas han tenido un efecto bastante negativo en la formación y consolidación de las familias campesinas. El enfoque punitivo ha llevado al encarcelamiento de personas que en su mayoría son el sostén económico del hogar, ya sea el padre o la madre, creando una ruptura en la familia. Asimismo, muchos jóvenes optan por trabajar desde una edad temprana porque ven en ello una opción de futuro:

«Algunos niños y jóvenes abandonan la escuela porque están vinculados a los cultivos y producen recursos para sus familias. Cuando un niño ve la economía de la coca, se da cuenta de que el estudio no es rentable». (Loreto, Perú)

«La política de drogas no es responsable del trabajo infantil, pero la política de drogas sí afecta a los niños al eliminar al principal sostén de la familia (el padre). Y como resultado, las finanzas se ven muy afectadas, impidiendo que los niños asistan a la escuela. La cárcel rompe la estabilidad familiar». (Antigua y Barbuda)

Los enfrentamientos entre ejércitos y grupos armados ilegales han incrementado el acoso y el reclutamiento forzoso de niños y jóvenes. Esto aumenta la deserción escolar, afecta a la persona, a la familia y rompe el vínculo afectivo y psicológico. La organización comunitaria, común entre las poblaciones campesinas o indígenas, se ve intimidada por grupos armados o políticos.

«Nuestra comunidad indígena sufre las incursiones de grupos armados organizados que quieren tomar nuestras tierras para cultivar coca para cocaína. Nuestros niños sufren porque no pueden ir a la escuela por la inseguridad». (Chapare, Bolivia)

Además, algunos menores son utilizados para el microtráfico por algunas de las bandas. Esta exposición a la violencia ha tenido un profundo impacto psicológico en los niños, como mencionan los participantes de México y Colombia, cuando narran cómo la presencia militar y los vuelos de helicópteros durante las fumigaciones de interdicción han generado traumas en algunos niños de las regiones productoras.

«Los enclaves de producción de cultivos ilícitos generan violencia contra las mujeres y los niños, así como explotación sexual infantil por parte de los actores armados». (Nordeste Antioquia, Colombia)

Las mujeres han sido quizás las más afectadas en esta ilegalidad impuesta por el paradigma prohibicionista. Muchas de ellas tienen que continuar con su trabajo durante el embarazo y no cuentan con licencia de maternidad. En Colombia, cada vez más mujeres hacen parte de la creciente lista de líderes asesinados debido a los roles de liderazgo comunitario que han asumido, en territorios que se encuentran en constante disputa por actores armados legales e ilegales que incluyen mafias del narcotráfico.

Artículo 11

Los derechos a la vivienda, la alimentación y el vestido también han sufrido los efectos de las políticas de drogas. Los desplazamientos generados por los combates entre el ejército y los grupos armados, así como las erradicaciones, no permiten la consolidación de viviendas formales y estables.

«La guerra contra las drogas no permite que el Estado garantice derechos y recursos para vivienda, salud y alimentación. Todo el dinero se gasta en la guerra». (Barbados)

En la región colombiana del Cauca, la mayoría de los habitantes se dedican al cultivo de cannabis y coca en territorios que muchas veces tienen el estatus de reservas naturales. Debido a la escasez de tierras disponibles y su condición de áreas protegidas ambientalmente, se generan tensiones y dificultades para la producción de alimentos. Mientras que plantas como el cannabis y la coca, perseguidas por las Convenciones sobre Drogas, forman parte de la dieta diaria de algunas comunidades rastafaris en el Caribe y de comunidades indígenas en el Amazonas.

«Bebemos y comemos cannabis. Las políticas antidrogas no reconocen el valor nutricional de nuestros cultivos ancestrales y suprimen la educación del cannabis como alimento con beneficios nutricionales y medicinales». (Dominica)

Las formas tradicionales de agricultura se han visto afectadas en regiones de Jamaica, pero también en zonas de grandes cultivos de coca en Colombia. Al no estar regulado el uso de químicos y fertilizantes para los cultivos de cannabis y coca, éstos se utilizan sin mayor control para obtener una mayor producción, lo que puede resultar en la degradación de los suelos y en una mayor dificultad para la producción agrícola en general. Además, los actuales procesos de regulación de drogas tampoco tienen en cuenta el derecho a la conservación de las semillas originarias de estos territorios.

El desarrollo alternativo se realiza sin la participación del campesino, como es el caso del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú, donde no existe ningún apoyo al cultivador de hoja de coca.

«En el Valle somos minifundistas y los proyectos sociales y productivos no llegan a nosotros o no hay mercado para los cultivos de desarrollo alternativo. Nuestra economía ha disminuido en vez de aumentar. El gobierno sólo da semillas y capacitación ineficiente». (VRAEM, Perú)

Artículo 13

En general, los participantes manifiestan que en sus territorios el derecho a la educación no está garantizado y esto se manifiesta en las palabras de varios participantes:

«Las malas condiciones de la infraestructura educativa y sus dotaciones, así como en la escasez e incluso mala calidad de los docentes. Los hijos de los cultivadores de hoja de coca son estigmatizados y excluidos, y la cátedra no es acorde con las características culturales y contextos territoriales de la población. Las distancias a las instituciones educativas disponibles, incluidas las de educación superior, son muy largas y los costos a asumir son altos». (Nariño, Colombia)

«Las zonas donde se cultiva coca y marihuana están militarizadas, por eso los presupuestos se destinan a las fuerzas armadas, la presencia militar afecta psicológicamente a los menores, les crea traumas y los deja sin herramientas para acceder a la educación superior. El Estado también discrimina a nuestros adolescentes y jóvenes, los estigmatiza y los trata como delincuentes, aunque estén en la escuela estudiando». (Putumayo, Perú)

Artículo 15: Derechos culturales

Nuestras consultas mostraron que se percibe que la aplicación de medidas de control de la oferta por parte de los Estados hacia los cultivadores y consumidores de cannabis, coca y adormidera afecta negativamente al derecho a participar en la vida cultural:

Las comunidades rastafari y cimarrona del Caribe subrayan la privación de su derecho cultural a disfrutar de sus plantas y medicinas naturales en su vida cotidiana. La planta de cannabis, conocida como «Ganja» en el Caribe, forma parte del patrimonio cultural de las comunidades cimarronas y es parte intrínseca de las prácticas religiosas y culturales rastafaris. Además, está ligada a su identidad y espiritualidad y no se distingue de otras plantas, ni como alimento ni como medicina. Del mismo modo, para algunas tribus Amazigh, indígenas del norte de Marruecos, el uso de la planta tiene una larga tradición, reservada principalmente a los ancianos, y utilizada en el marco de reuniones comunitarias. La Beldia, cultivada allí desde hace más de mil años, forma parte de las reservas locales de plantas medicinales. Los participantes que no se ven a sí mismos como miembros de una cultura específica, también sostienen que el control del cannabis les impide definir sus propias prácticas culturales, que se han desarrollado a lo largo de muchas décadas.

«Las políticas sobre drogas siguen impidiendo que nuestras comunidades (rastafari y cimarrona) disfruten de sus derechos culturales y de libertad de conciencia, especialmente el consumo de cannabis. Es un ataque directo a la cultura rastafari, ya que priva a sus miembros de sus alimentos y medicinas, utilizados en la vida cotidiana». (Saint Kitts and Nevis)

«Nuestro consumo tradicional de cannabis por parte de los ancianos está siendo sustituido lentamente, ya que sufrió décadas de estigmatización». (Alhoceima, Marruecos)

«No puedo imaginar que el cannabis desaparezca alguna vez de mis actividades culturales y de mi vida familiar» (Michoacán, México)

Asimismo, la coca forma parte esencial de la farmacopea de la región andina amazónica y es inseparable de la cultura de varios pueblos indígenas de Bolivia, Colombia y Perú, mientras que su uso se ha extendido a Argentina, Chile y Ecuador a lo largo de los siglos. Sus usos ancestrales han sido evidenciados por investigaciones arqueológicas desde la época Precolombina, y aún pertenece intrínsecamente a la espiritualidad cotidiana de los pueblos indígenas, que identifican la coca como parte de su cultura, y la utilizan en ceremonias y eventos comunitarios. La planta también forma parte de la dieta diaria de los no indígenas, como complemento alimenticio, producto para la salud o simplemente como té.

«Nuestras celebraciones comunitarias se ven a menudo perturbadas por la incautación de nuestras hojas de coca por parte de la policía, que nos impide utilizarlas en nuestras ceremonias». (Puno, Perú)

«Nos sentimos estigmatizados como cultivadores y consumidores de coca, ya que nuestra cultura ha sido ignorada y ridiculizada por las autoridades, y la venta de cosas tan sencillas como el mate de coca, prohibida». (Santa Marta, Colombia)

«Nuestro cultivo de coca y nuestras expresiones culturales están reconocidos y protegidos por la ley, pero no podemos vender nuestra coca en el extranjero». (Cochabamba, Bolivia)

En Myanmar nunca ha dejado de existir el uso de derivados de la adormidera por parte de los médicos locales y las comunidades que cultivan la planta para atender problemas de salud, y siguen siendo unas prácticas habituales. El acceso a los servicios médicos es limitado para las personas que viven en zonas aisladas, y los médicos locales utilizan derivados de la planta para tratar a los pacientes. También es práctica común usar las plantas en los hogares en caso de enfermedad. El consumo de opio y la posesión de pequeñas cantidades están penalizados en la Ley de Control de Drogas de Myanmar.

“En nuestro pueblo no tenemos hospital, y el más cercano está a 8 horas en coche. Si alguien tiene dolor o fiebre alta, le damos un poco de extracto de opio. Eso es habitual en todas las aldeas vecinas». (municipio de Mong Sart, estado de Shan, Myanmar)

Otra dimensión de la protección en virtud del Pacto de Derechos Culturales se refiere a garantizar la plena realización de este derecho incluirá las prácticas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Esto ha afectado especialmente al uso de estas plantas como medicina legal y al reconocimiento de la práctica médica (ancestral) por parte de los médicos tradicionales. En la vida cotidiana, las personas con escaso acceso a los servicios sanitarios se inclinan por utilizar estos servicios médicos.

«Entender que los conocimientos tradicionales son válidos. Esto requiere que en los escenarios (médicos) occidentales haya mayor participación de los saberes ancestrales sin discriminación». (Cauca, Colombia)

En cuanto a todo el desarrollo científico y cultural y su difusión, muchos participantes en nuestras consultas señalaron que el carácter ilegal del cannabis, la coca y la adormidera plantea límites difíciles de superar a la hora de conservar y proteger sus conocimientos. En particular, se planteó la cuestión de la composición genética del cannabis, ya que muchos de los agricultores han perdido el acceso y el control sobre las variedades raciales que han cultivado durante generaciones. La proscripción de estas plantas implica una pérdida de acceso a la investigación científica y a la actividad creativa, una libertad que no respetan sus gobiernos, como consecuencia de las obligaciones a las que se han comprometido los Estados a través de las convenciones internacionales de control de drogas.

«A la gente se le debería permitir, debería tener derecho a beneficiarse de su propiedad intelectual, de su trabajo con la genética a lo largo de los años». (Santa Lucía)

«Nuestro patrimonio cultural de semillas de cannabis, y por tanto de variedades adecuadas para nuestras tierras, está en peligro de extinción». (Dominica)

Intervenciones de la Política de Drogas causantes de afectaciones a los DESC

Pedimos a los participantes de nuestras consultas que identificaran las Medidas de Política de Drogas responsables por las afectaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus contextos locales. Hemos extraído de estas conversaciones las medidas de política de drogas que mayormente interfieren y causan las afectaciones mencionadas, de manera directa:

• La prohibición de la planta y sus usos tradicionales.
• La erradicación de los cultivos, eliminando físicamente las plantas, a menudo con un uso – desproporcionado- de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, especialmente con el uso de agentes químicos.
• Incautación de existencias, ya sea durante el transporte o mediante operaciones policiales o militares, invadiendo pueblos, casas y almacenes.
• Detención y procesamiento judicial de las personas encontradas en posesión de las plantas, destinadas a ser utilizadas en actos ceremoniales o comunitarios.
• Presencia de tropas militares y policiales como parte de las operaciones de control de drogas.
• Encarcelamiento de campesinos e indígenas.
• Toma de decisiones sin consulta previa, especialmente con los pueblos indígenas.

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