Durante los días 23 y 24 de octubre de 2023, en tres lugares distintos del municipio de Calamar, Guaviare, se produjo el desembarco de grupos de erradicación terrestre de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. De inmediato, los vecinos de las veredas La Unión, Aguabonita y la Cristalina protestaron, rodeando a los uniformados, buscando impedir su movilidad para evitar que les arranquen sus cultivos de coca, los cuales consideran la fuente de los ingresos que les permiten subsistir en esas aparatadas zonas.
Líderes de las comunidades movilizadas en protesta se comunicaron con Giovanni Garcés, alcalde de la localidad, y con la Defensoría del Pueblo, pidiendo la presencia de estos funcionarios en el lugar para establecer un diálogo con los oficiales a cargo de los operativos de erradicación forzada. La oportuna intervención de las dos entidades, acudiendo al sitio y facilitando la interlocución, impidió que se registraran choques ni agresiones físicas entre las partes.
La escena de las erradicaciones se mantiene en Colombia a pesar del anuncio por parte del Gobierno Nacional de una nueva política de drogas que, según el lenguaje oficial, busca “darle oxígeno” al campesinado pequeño productor de coca, brindando inversiones para lograr una transformación de los territorios donde dicho cultivo se desarrolla. Trascurrido más de un año de la presente administración, la burocracia nacional no ha logrado pasar del discurso a la acción transformadora de la política y dicha inercia se hace evidente cuando los encargados de la erradicación forzada aplican estas técnicas que cuentan con el apoyo de la sección de narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos.
Esta política introdujo elementos que son problemáticos en el terreno como la supuesta distinción entre cultivos industriales de otros considerados de subsistencia. Supuestamente, la erradicación es para cultivos grandes donde las autoridades identifican capitales de narcotraficantes detrás de la actividad. Pero en la práctica, al igual que en los años 90 cuando se intentó la misma distinción, esto no es posible y las fuerzas estatales (Policía y Ejército) reciben la orden de erradicar y mostrar resultados. Es en esa acción que la política pierde su objetivo de oxigenar al campesinado y asfixiar al narcotraficante, y repite la lógica de creer que el problema de las drogas se ubica, casi de manera exclusiva, en los cultivos.
