La semana pasada hubo protestas campesinas en Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco, ante erradicaciones forzadas por parte del Ejército Nacional.
Hubo bloqueos de la comunidad a la acción de los oficiales militares y la Defensoría del Pueblo intervino para garantizar el respeto de los derechos humanos.
En 2017, cuando nació el programa PNIS, esta zona de Nariño no se vinculó argumentando que dicho programa no se adecuaba a las condiciones territoriales. Actualmente rechazan la erradicación hasta que haya oportunidades «reales» de desarrollo.
Extraoficialmente se menciona que detrás de las protestas hay un grupo armado ilegal que ejerce presión sobre los cultivadores de coca. Por ahora, lo cierto es que las erradicaciones forzadas de cultivos de coca se han dado recientemente en Córdoba, bajo Cauca antioqueño, Guaviare, entre otras zonas del país.
Esta técnica mantiene el uso de la fuerza sobre las comunidades cultivadoras y además, sigue la estrategia de reducción de la oferta en un momento en que el jefe del gobierno colombiano insiste en que la guerra a las drogas fracasó, lo cual conlleva una contradicción de su discurso con las acciones del ministerio de defensa.