Según reportes dados a conocer por la Ministra de Ambiente Susana Muhamad, la deforestación disminuyó en el último periodo así: Guaviare 35%, Caquetá 31%, Meta 25%. Y aunque a nivel nacional hubo una reducción, no ocurrió lo mismo en Putumayo donde se incrementó un 26%.
Los diálogos para La Paz Total han producido noticias en este sentido. Desde septiembre del año pasado, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha pedido a los armados, con los que busca establecer una mesa formal de negociación política en medio de múltiples dificultades, comprometerse ayudar a controlar la tala indiscriminada y a desincentivar el mercado de cocaína.
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente ha estimulado más acuerdos sociales de conservación de bosques. Ambas estrategias estarían progresando favorablemente.
En este contexto, compartimos con nuestros lectores este artículo de nuestro cofundador Pedro Arenas, escrito en 2022, pero publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto Unijus, bajo el titulo «Paz Total, insumos para la formulación de una política integral de paz», el cual fue compilado por el profesor Carlos Medina Gallego, en enero de 2023. Allí se perfilaban algunos elementos de la situación actual en la que el país se encuentra ad portas de la activación de una negociación de paz con las guerrillas del EMC o un escalamiento del conflicto con dicho grupo ante el reciente rompimiento del cese al fuego.
La lucha por la Paz Total en el norte amazónico.
Una apuesta que puede contribuir a la reducción de coca y deforestación.
Pedro Arenas
Corporación Viso Mutop
Introducción
Es deseable que la apuesta de Paz Total contenga elementos novedosos que contribuyan a nuevos abordajes de las problemáticas asociadas a los cultivos de coca y a la deforestación en la Amazonía. En un escenario en el que el presidente de la República lanzó varias propuestas y desafíos, le corresponde a los diseñadores de política pública hilar los anuncios gubernamentales y construir una ruta que incorpore demandas comunitarias, por una parte, y planteamientos de los grupos ilegales, por otra, pues esto podría ayudar a limitar y superar sus órdenes armados en los ámbitos locales, en medio de un proceso de negociación, sometimiento, acogimiento o desactivación del conflicto.
Para revisar estas posibilidades, trato aquí de juntar los principales rasgos de esta política enunciados por el presidente y sus funcionarios, sobre la región, así como el vínculo entre dichos temas y los grupos armados que ejercen un control territorial en el llamado “arco de la deforestación”. Los factores territoriales de persistencia de conflictividades y la construcción de una “paz territorial”, como la denominó Sergio Jaramillo, toman un papel significativo. ¿Si se soluciona el conflicto armado se resuelve de forma automática la problemática de los cultivos de coca? ¿Coinciden la deforestación y el conflicto? ¿Van de la mano —per se— la coca, la deforestación y los grupos ilegales armados? ¿Les interesa a las guerrillas y al Gobierno incorporar estos temas en la agenda de la Paz Total?
Antecedentes
La firma del Acuerdo de Paz (AP) entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) supuso, entre otras cosas, una controversia sobre el periodo al que arribaría el país luego de ella. Funcionarios de ese gobierno incubaron el término “posconflicto” y se creó una Consejería Presidencial con el mismo nombre, mientras que los indígenas del Cauca afirmaron que se había entrado en una etapa de post acuerdo, a fin de diferenciar una paz alcanzada de otra por alcanzar.
En ese contexto, hubo organizaciones que pidieron trabajar por una paz completa, haciendo referencia a la necesidad de conquistar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que activistas por el fin de la guerra a las drogas introdujeron la consigna “coca regulada, paz garantizada”, para indicar que mientras el Estado no tome el control de la economía del narcotráfico, la paz seguirá́ siendo quimera, lo cual concede razón a quienes sostienen que las drogas son el principal combustible de la continuidad del conflicto interno.
La competencia por hacerse al control de territorios, entre viejos y nuevos actores armados ilegales —disidentes, reincidentes, persistentes, entre muchas denominaciones— se desbordó en términos humanitarios y llevó al Comité́ Internacional de la Cruz Roja (CICR) a reconocer la existencia de seis conflictos activos. En menos de cinco años de post acuerdo, se revivieron similares alertas y preocupaciones humanitarias y sociales, entre las que destacan, para efectos de esta nota, la lucha por la paz en el contexto de las drogas y el medio ambiente.
Fue en la Amazonía donde se registraron las primeras manifestaciones de aislamiento y separación del proceso de paz de La Habana. El Primer Frente de las FARC-EP, con sede en las selvas de los ríos Unilla, Itilla, Vaupés e Inírida, al sur de Guaviare, se separó de las órdenes de su jefatura desde el 2015. Después, algunos mandos territoriales de esa organización se retiraron del proceso y se expandieron hacia los ríos Apaporis, Ariari, Guayabero, Guaviare y Caguán, entre otros, llegando a convertirse rápidamente en el principal objetivo de alto valor para los entes de seguridad del Estado.
En simultánea, la salida de escena de las fuerzas que se acogieron al AP suscrito por el Secretariado de las FARC-EP coincidió́ con una disminución inicial, que no fue sostenible, de los cultivos de coca, merced a los acuerdos del programa PNIS, y con una acelerada deforestación que llamó la atención de ambientalistas y de la comunidad internacional. Desde Bogotá, instituciones y medio de comunicación, incorporaron en su narrativa algunos temas ambientales, como la protección de los bosques amazónicos, se conocieron mejores estadísticas gubernamentales y arribaron cooperantes al territorio, pero el deterioro parece no ceder.
Elementos para la aproximación a la situación actual
La narrativa oficial identifica a los cultivos de coca, amapola y marihuana como el principal motor de la deforestación, dada sus siembras y procesamientos en lugares remotos de la geografía —debido a su prohibición y persecución— que coinciden con áreas de importancia ambiental. Esto, con el propósito de resaltar el vínculo entre dos variables, el deterioro ambiental y el narcotráfico, que bien se sabe han estado relacionados en esta región del país pero sobre lo cual falta mas análisis. El énfasis en esta conexión se evidencia en sentencias de altos funcionarios del Estado, quienes bajo un enfoque prohibicionista manifiestan que “las drogas son el mayor enemigo de las selvas amazónicas” y que ellas son responsables del menoscabo de ecosistemas estratégicos, como lo presenta la Policía Antinarcóticos en sus informes.
Estos asuntos no fueron abordados con suficiencia por el AP del 2016. De hecho, aunque los movimientos sociales desde las regiones insistían en que la paz con la naturaleza seguía como un asunto pendiente de la sociedad colombiana, la discusión entre el modelo de desarrollo y la sostenibilidad ambiental no fue un tema central de lo pactado entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. El cierre de la frontera agropecuaria y la resolución de la problemática de la ocupación humana de áreas protegidas sí estuvieron en la agenda y se enmarcan en la Reforma Rural Integral (RRI), especialmente en su punto 1.1.10, el cual experimenta un bajo avance de implementación, luego de seis años.
En el caso de la Amazonía, la coca en Caquetá, Meta y Guaviare es menor ahora, según el último reporte del Sistema de Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que la registrada a mitad de los años noventa en esos departamentos. Aunque Putumayo sigue, junto con Nariño y Norte de Santander, como uno de los principales enclaves de producción y procesamiento, igual que durante los últimos veinte años. Con base en información de dicha medición, se reconoce que Putumayo y Caquetá reportaron 31.874 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un crecimiento del 16%, en comparación con el 2020, al tiempo que Guaviare y Meta alcanzaron un aumento del 36%, cercano a la tendencia nacional de crecimiento que fue superior al 40%. Entre los cuatro departamentos, la cifra se acerca al 19% del total nacional de la superficie cultivada con coca.
Es un hecho notorio que la participación de esta economía en las finanzas de las organizaciones armadas sigue como una parte importante, aunque el cobro extorsivo por cabezas de ganado y el “impuesto” a otras actividades económicas, como el transporte y el comercio, también debe incluirse en el análisis del portafolio de ingresos de tales estructuras. Sin embargo, en un nuevo escenario político – institucional nacional, la continuidad de la erradicación forzada militarizada tomó por sorpresa a las comunidades campesinas que creen en un cambio de política más allá de la retórica.
Entre el 2017 y el 2018, miles de familias se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desplegado como parte del AP del Estado con las FARC-EP. Este programa presentó fallas en su implementación y no cumplió en su momento las expectativas creadas. No obstante, el uso de la fuerza por parte del Ministerio de Defensa se incrementó en el gobierno Duque mediante una amplia contratación de grupos móviles de erradicación, incluso en el periodo de pandemia, que chocaron con las comunidades que se resisten a la eliminación de su fuente de ingresos. Al ser poca la coca, pero alta la deforestación, el campesinado se muestra inconforme con la persecución a su poca economía, mientras que otros factores de gran deforestación avanzan.
La Comisión de la Verdad identificó en Guaviare, entre otros factores de persistencia del conflicto armado, el acaparamiento de tierras y la expansión del latifundio; los conflictos socioambientales por la ocupación de Parques Nacionales Naturales y Zonas de Reserva Forestal; los choques interétnicos por la usurpación de los territorios colectivos, y la continuidad de los cultivos de coca que se ubican como punta de lanza del avance de la frontera agrícola. Sin embargo, en las conflictividades amazónicas han aflorado con mayor fuerza las Áreas Estratégicas Mineras, denunciadas por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada y Amazonas, y la declaratoria de Putumayo como Distrito Minero Energético, en donde se explotan cobre y petróleo, además de materiales de arrastre de los ríos.
Petro y la cuestión amazónica
Al fijar la mirada en la Amazonía, el presidente Petro ha propuesto una nueva faceta de la cooperación de Estados Unidos (EE.UU.) con Colombia. En su discurso inaugural del 7 de agosto del 2022, señaló que había que llamar a esa potencia, junto con los demás países que comparten dicho bioma, para trabajar juntos por su conservación, so pena de la extinción de la especie humana. En su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, manifestó que la humanidad entera debiera contribuir con un fondo para su protección. El mandatario también abrió una conversación con el Comando Sur de los EE.UU. y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para, según sus palabras, “tratar de llevar el diálogo de la fracasada guerra contra drogas hacia la cooperación con la Amazonía”.
En ese marco, el Director General de la Policía colombiana recibió del jefe de la Sección de Narcóticos de la Embajada de EE.UU. los que serían los primeros helicópteros de la flota “las guacamayas”, donada por ese país, la cual Petro instaló en San José del Guaviare. Según el Presidente, los helicópteros se destinarán a combatir delitos ambientales, extinguir incendios, transportar pacientes y salvar la selva. Todos estos son propósitos loables. Sin embargo, esta cara de la cooperación estadounidense empieza a advertirse en la región como una nueva forma de intervencionismo de la potencia del Norte y como una militarización de las políticas ambientales.
En palabras del delegado de la Embajada de EE.UU. en Colombia, Francisco Palmieri, en un acto cumplido el 26 de octubre del 2022, “la increíble riqueza natural de este país enfrenta muchas amenazas. La región se acerca al umbral de que sus bosques sean sustituidos por pastizales con enormes implicaciones para la biodiversidad y el cambio climático”. En esta dirección se inscriben la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), ambas entidades de EE.UU. que incursionan en temas ambientales desde hace más de un lustro. Ellas promueven programas de fortalecimiento de capacidades locales, apoyan a organizaciones no gubernamentales y hacen equipo con la Fuerza Pública en el análisis y monitoreo de la deforestación. Por otra parte, la cooperación de EE.UU., durante la administración Duque, respaldó la Operación “Mayor Artemisa”, dedicada a ubicar y judicializar a responsables de deforestación, pero denunciada por organizaciones sociales como una estrategia que persigue y criminaliza al campesinado, sin atacar los problemas que subyacen al fenómeno de la ampliación ilegal de la frontera agrícola.
Como se observa en el lenguaje de la Embajada en mención y de agencias cooperantes, la deforestación tiene una explicación multicausal. La potrerización y ganaderización extensivas son una de ellas; el hato ganadero es el renglón productivo que más crece en la Amazonía desde el AP de 2016, jalonado por el fomento del Ministerio de Agricultura, las campañas de vacunación de FEDEGAN contra enfermedades como la fiebre aftosa, la protección institucional de esa cadena de valor, la exportación de carne y también de animales en pie, el lavado de dinero e, incluso, por aspectos culturales como el interés de miles de ex cocaleros de convertirse en “legales”.
A estos factores, se le unen el avance de la agroindustria de monocultivos de palma y maderables, en los linderos de áreas protegidas como ocurre en el Meta, entre otros; pero también son parte de tales explicaciones los planes de ECOPETROL y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre las potenciales cuencas petroleras del Caguán-Vaupés y el cinturón de crudos pesados del Ariari-Guaviare; la construcción de infraestructuras en lugares no permitidos por la ley, aupadas por elites políticas locales; la valorización de tierras del latifundio que se ha visto acrecentada por grandes inversiones estatales mediante la pavimentación de carreteras y proyectos eléctricos, realizadas con recursos de los OCAD Paz, justificadas como parte de las acciones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); la debilidad de las autoridades ambientales encargadas del territorio, y el caos que creó la normatividad que estableció distintos ordenamientos en el uso del territorio al traslapar diferentes figuras jurídicas que afectan los derechos campesinos e indígenas.
A pesar de estos factores, el presidente Petro ha puesto el reflector sobre el impacto que causan los cultivos de coca y las posibilidades de dedicar las energías campesinas e indígenas a la restauración de las selvas. En Puerto Leguízamo explicó que los programas de sustitución no funcionan para detener la deforestación. A su juicio, la agroindustria de la coca le permite al productor cocalero agregar valor in situ, al convertir la hoja en pasta base, la cual es comprada por los narcotraficantes en el mismo predio, con lo que ellos logran una inserción en la economía global que no se equipara con los proyectos de sustitución de cultivos. Por ello propone crear un fondo con vigencias futuras a veinte años, con el cual se le pague a las familias que abandonen la coca, para dedicarse a la regeneración de la selva, una suma que oscile entre dos y tres millones de pesos mensuales.
Erradicación, Paz Total y ambiente
El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ante quejas por el mantenimiento de la erradicación, advirtió en una sesión del Congreso que “la erradicación forzada no se ha levantado aun de manera general la orden de hacerla (sic), pero que entrados en conversaciones, en esos diálogos, que ya ha adelantado en varias partes el Ministro del Interior con la Ministra de Agricultura, entonces la erradicación se suspende”. Esta aseveración genera preocupación, pues sería la comprobación de que el Gobierno mantendría la lógica de la reducción de la oferta para cumplir con indicadores de reducción de hectáreas, lo cual debería ser justamente un aspecto a reformar en la política de drogas del gobierno del cambio.
Dejar el tema de la contención y reducción de cocales como un asunto a tratar con los grupos armados no solo les brinda a estos una bandera política, sino que no recoge las lecciones aprendidas del proceso de paz con las antiguas FARC-EP. La agenda impulsada por el expresidente Santos consideró que el retiro de esa guerrilla de la economía de la cocaína sentaba las bases de la “solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, como se tituló al Punto 4 de la Agenda de La Habana. La experiencia posterior demostró que los cultivos son un asunto que exige un tratamiento directo con los agricultores, los cuales demandan un trato penal diferencial y materialización de sus derechos. De paso, es evidente que el peso de la política de drogas no puede recaer, como ha sucedido en los últimos 30 años, casi exclusivamente en el ámbito de los productores.
El enfoque del actual gobierno es mucho más amplio en el abordaje de las problemáticas asociadas con los cultivos de coca y contempla la interdicción, la lucha contra el lavado de activos, la responsabilidad internacional, el correcto manejo de los bienes incautados al narcotráfico, al tiempo que pretende cortar los vasos comunicantes entre la economía de las drogas y la política, para citar otros componentes. La invitación a la mesa de diálogos establecida entre Gobierno y ELN a hablar de las complejidades del narcotráfico se enmarca en esta mirada amplia más allá de los cultivos y las rentas locales de la pasta base de coca. Lo pertinente debería ser la contención concertada de los cultivos entre el Gobierno y las comunidades, así como los acuerdos rápidos para su reducción progresiva, con monitoreo independiente y seguimiento a los compromisos de las partes de forma periódica.
La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, desde el Meta recordó que las iniciativas de reducción de cocales y deforestación podrían contar con la Paz Total como un valor agregado. En un catálogo de cinco puntos destacó que la Paz Total es fundamental para la implementación de caminos pacíficos de contención de la deforestación, lo cual va de la mano con la realización de acuerdos que empoderen a las comunidades. La Ministra aboga por la resolución de conflictividades socioambientales en el eje Meta-Caquetá-Guaviare, por lo cual no insistirá en las aspersiones aéreas con glifosato y dejar de usar la Operación Artemisa por su falta de asertividad en el tratamiento de los reclamos sociales que se cruzan con la protección ambiental.
En terreno, el AP del 2016 permitió ver la debilidad de las instituciones ambientales. Académicos y ambientalistas se quejaron en los últimos años de un vacío que dejaron las antiguas guerrillas, espacio que no ocupó la institucionalidad. Por el contrario, en el post acuerdo la deforestación escaló a cifras aterradoras, ya no como resultado de la ocupación campesina en busca de tierras, sino como parte de una operación de acaparamiento agenciada por grandes capitales. Como ejemplo se observa que en el primer trimestre del 2022 se talaron 52.000 hectáreas en los tres departamentos citados antes.
Esa debilidad la han aprovechado diversos sectores e intereses. En el caso de las guerrillas del Primer Frente, estas asumieron el control ambiental y se proclamaron como las auténticas herederas de las FARC-EP. Instalaron vallas con órdenes referidas a vacas, transporte, comercio, caza, pesca y bosques, emiten comunicados en los que cuestionan a las autoridades ambientales, expulsaron a funcionarios de la Unidad de Parques, incineraron vehículos de las Naciones Unidas y criticaron el rol de algunas agencias cooperantes. Así mismo, ese Frente se presenta ante las comunidades como defensor de los campesinos cocaleros, desvirtúa el programa PNIS y lo muestra como otra promesa incumplida del Estado. Tierras, coca, marihuana y medio ambiente son palabras que resonaron en un comunicado leído por el jefe de esa organización, Iván Lozada, en el que advierte que los indígenas y campesinos deben ser tenidos en cuenta en la regulación del mercado del cannabis o la coca, para que no ocurra lo mismo que con el mercado de cannabis medicinal, acaparado por multinacionales.
En este contexto se inscriben de manera positiva los primeros encuentros que sostuvo el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, con delegados del Estado Mayor Central de las FARC-EP alineados con el Primer Frente. Distender el conflicto y desescalar la confrontación en la región amazónica fueron mensajes percibidos como avances en la región. Igual se registró el pronunciamiento de los Comandos de la Frontera —Ejército Bolivariano— que actúan en Putumayo y que han manifestado su disposición a participar de la convocatoria de la Paz Total. Los pronunciamientos de esas dos organizaciones hacen prever que la contención de la deforestación y de los cocales pueden estar insertas en la agenda de la paz con ellos, aunque haya múltiples escollos en el camino.
En las puntas de colonización contemporáneas es indiscutible el hecho de que las órdenes de los armados se hacen cumplir y que el no hacerlo tiene implicaciones graves para el transgresor. Un asunto bien distinto es cuando se trata de las normas impartidas desde la institucionalidad, pero el Estado no puede renunciar al ejercicio de la ley y sus procedimientos. En las partes Estado – comunidad y actores armados con influencia en los territorios se encuentran enunciaciones que hacen prever una nueva oportunidad para la paz socio ambiental. Ahí se encuentra un camino con paradojas que los implementadores de la Paz Total tendrán que capotear, como tener en cuenta las lecciones aprendidas durante el AP y el post acuerdo de Santos con las FARC-EP.
Nubarrones
La dinámica del mercado mundial de cocaína que sigue en expansión no puede interpretarse de manera ingenua. La negativa del Gobierno nacional, ratificada por el Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, de trabajar por la legalización de la cocaína, hacen prever que se mantendrán choques en el terreno entre las aspiraciones de los cocaleros y lo que pueden hacer materialmente las entidades; los entrecruces de intereses entre la economía ilícita con actividades lícitas que se favorecen por el alto nivel de informalidad de sectores como el del mercado de tierras; la política pública que agencia —con intención o sin ella— los intereses de la ganadería y del mercado internacional, que a su turno se expresan en la puja por el acceso a recursos naturales, y las dinámicas de los poderes locales, manifiestas en las entidades territoriales que no coinciden necesariamente con las apuestas del Gobierno nacional, son algunos de los nubarrones que asoman en el horizonte de la Paz Total en la Amazonía.