En las últimas semanas, la erradicación áerea de los cultivos de uso ilícito ha vuelto al debate político en Colombia. El gobierno expidió el Decretp 380 de 2021 que regula el Programa de Erradicación con Glifosato –PECIG-. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- emitió la Resolución 694 de 2021, en la que modificó el Plan de Manejo Ambiental de dicho Programa que ejecuta la Policía Nacional con su Dirección de Antinarcóticos. Un grupo de siete relatores de la ONU le pidieron, sin éxito, al Presidente Iván Duque desechar ese programa. En el Congreso un proyecto de Ley para prohibir el uso de esta sustancia, fue archivado por los senadores de la coalición de gobierno, cuando iniciaba apenas su trámite. Campesinos han anunciado su rechazo al retorno de est práctica que se empleó durante 21 años continuos desde 1994 hasta 2015. La Corte Constitucional ha impuesto una serie de requisitos para que los aviones de fumigación puedan despegar nuevamente. Y un conjunto de organizaciones étnicas y sociales han interpuesto demandas buscando la protección de derechos fundamentales.
¿MATANDO MALEZAS?
