Comunicado conjunto sobre el trámite de la regulación del cannabis de uso adulto en
el Congreso
La Coalición Acciones Para el Cambio
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, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y
la Fundación Ideas para la Paz apoyamos el trámite del proyecto de Acto Legislativo No.
02/22 Cámara y 33/22 Senado, como una reforma constitucional que modifica la prohibición
del artículo 49 sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas para permitir la regulación
del cannabis de uso adulto. Como organizaciones de la sociedad civil que cuentan con una
larga trayectoria en investigación e incidencia, defendiendo una reforma a la política de
drogas que esté basada en la evidencia y respete los derechos humanos, consideramos que
esta reforma es coherente con la necesidad de que en el país una política de drogas busque el
desarrollo rural, garantice un enfoque de salud y reducción de daños y mitigue o elimine los
daños de la prohibición.
Declaramos que la inclusión del cannabis en el sistema de fiscalización internacional de
estupefacientes constituye un error histórico que replicó el Estado colombiano al elevar a
rango constitucional la prohibición de drogas en 2009. En ese sentido, celebramos que el país
avance en reformas sobre las políticas frente al cannabis, tomando el control sobre la planta
y generando un marco jurídico para las sustancias psicoactivas que permita mejorar la salud
pública, reducir las rentas ilegales asociadas al comercio de cannabis, implementar un
enfoque reparador de las comunidades vulnerables más afectadas por la prohibición, y
promover el desarrollo rural y sostenible.
Resaltamos también que desde el 2018, mucho antes de este proceso legislativo, la sociedad
civil (no sólo las organizaciones que firmamos este comunicado) hemos asesorado y
acompañado a diferentes congresistas con insumos, evidencia y conceptos jurídicos para las
iniciativas legislativas sobre reforma a la política de drogas. Con ocasión del proyecto de
Acto Legislativo reiteramos la importancia de reconocer, ampliar y garantizar la
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Coalición conformada por: Elementa DD.HH., Fescol, Corporación ATS, Deliberar, Dejusticia, Corporación
Humanas, y Corporación Viso Mutop.
participación de todas las personas y organizaciones llamadas a defender una política de
drogas con un enfoque de derechos.
Recomendamos, al Gobierno Nacional y a los legisladores, fortalecer la pedagogía sobre el
alcance real de esta reforma constitucional, ya que es el primer paso para diseñar el marco
regulatorio, pero no la regulación en sí misma.
En relación a los detalles del texto que está actualmente en curso, queremos subrayar los
siguientes asuntos que pueden ser mejorados:
1. Debido a que se trata de una reforma constitucional, el proyecto debería eliminar
simplemente la barrera dispuesta en el artículo 49, a fin de dar seguridad jurídica
al eventual marco regulatorio. Es decir, el proyecto de acto legislativo debe
enfocarse en ciertos mínimos que guíen al Congreso y no incluir detalles como la
tributación o el licenciamiento que resultan inconvenientes para la discusión, y en
cambio, reducen exageradamente el principio de flexibilidad que debe tener el
Congreso para reglamentar el texto que finalmente se apruebe.
2. En caso que la referencia al licenciamiento persista, es necesario incluir
mecanismos en la regulación posterior al Acto Legislativo, para garantizar la
inclusión de los pequeños productores históricos, y evitar la configuración de
monopolios y la integración vertical.
3. Teniendo en cuenta que el artículo 2 del proyecto de Acto Legislativo menciona
los principios orientadores para la reglamentación, sugerimos incorporar el
enfoque reparador como un eje central de la regulación, de manera que el mercado
opere bajo criterios de equidad y justicia social para los pequeños productores,
personas privadas de la libertad por delitos relacionados con el cannabis y para
otras poblaciones afectadas por la prohibición.
4. Teniendo en cuenta el avance de la reforma constitucional, el Gobierno Nacional
debe avanzar en el alistamiento de la regulación, en los siguientes asuntos:
a. La regulación del cannabis es un asunto multisectorial, ya que todos los
elementos tienen un nivel de importancia similar. El éxito de la regulación
dependerá de las políticas de educación, información, salud pública para
la prevención, reducción de daños y atención al consumo problemático,
así como de justicia agraria y ambiental para la justa participación en el
mercado a los cultivadores históricos de cannabis, y también de las
políticas que den estándares para el comercio justo y eviten desvío hacia
el mercado ilegal. El Ministerio de Justicia, por su trayectoria y por ser el
ente rector de la política de drogas, puede ser el eje articulador para todos
estos sectores, entre los que es urgente que participen al menos, los
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social
y de Educación Nacional.
b. El alistamiento para la regulación de uso adulto debería incorporar las
experiencias con el cannabis medicinal, y tener en cuenta los errores y
lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores,
por parte de las instituciones involucradas, y las lecciones aprendidas en
materia de inclusión de pequeños cultivadores, proceso de licenciamiento,
definición de tarifas, entre otros. Desde ya, se pueden adelantar mesas
técnicas con quienes hicieron parte de dicho proceso para asegurar un
proceso de reglamentación basado en la evidencia del contexto nacional.
Las Organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a aportar en el proceso de
regulación del cannabis de uso adulto, tanto en el trámite legislativo como en las acciones
del Gobierno, a través de la discusión pública con argumentos que promuevan la salud, el
desarrollo, la seguridad, la reparación de los daños de la prohibición y los derechos humanos.
